Los fraudes se están convirtiendo en un dolor de cabeza para la banca. Si bien el gobierno del Presidente Gabriel Boric envió una modificación a la Ley Anti Fraudes -que se está discutiendo en el Senado- las cifras de esta problemática siguen al alza.
De acuerdo a los últimos datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), durante 2023 la banca reportó pérdidas brutas por fraudes externos por US$ 276,3 millones, aumentando 105,7% respecto a 2022.
Mientras tanto, las recuperaciones de estos eventos que los bancos lograron rescatar mediante seguros y acciones judiciales, alcanzaron los US$ 54,1 millones en el mismo ejercicio, siendo un 114,1% más alto en comparación a 12 meses atrás.
Así, las pérdidas netas debido a fraudes externos en la banca llegaron a US$222 millones, anotando un alza interanual de 103,8%. El porcentaje de recuperación frente a las pérdidas alcanzó el 19,6%, avanzando casi un punto porcentual frente a 2022.
Las entidades
La firma más afectada por fraudes externos es BancoEstado. En 2023, tuvo pérdidas netas de US$ 146 millones, siendo un 215% más que en 2022.
Esta cifra representó el 65,7% de las pérdidas que informó la banca durante el año. Mientras que las recuperaciones ejercidas por BancoEstado alcanzaron a cubrir el 8,9% de los eventos informados.
Entre los bancos privados, el mayor monto neto comprometido por fraudes externos lo tiene Banco de Chile con US$ 20,4 millones. La firma logró recuperar el 33,1% de las pérdidas brutas.
Mientras que en el tercer lugar de los más afectados estuvo Banco Falabella que registró pérdidas netas por fraudes externos de US$ 16,1 millones y su porcentaje de recuperación alcanzó el 26,9%.
Banco Santander que fue el banco de la industria que logró recuperar la mayor cantidad de dinero frente a las pérdidas brutas debido a fraudes externos, alcanzando el 80,7%. Así, la entidad reportó US$ 1,6 millones en pérdidas netas.
Las críticas
La Asociación de Bancos (ABIF) ha expuesto en el Congreso que el actual marco legal terminó “masificando las conductas delictivas, especialmente asociadas al lavado de activos, incluso a través de organizaciones criminales”.
Para el gremio, tras dos años de la entrada en régimen de la Ley Anti Fraudes, ésta tuvo “un efecto negativo en la confianza en los medios de pago: inhibe su normal desarrollo, afectando la posibilidad de una mayor inclusión financiera y bancarización, imposibilitando la oferta de productos financieros a la mayoría de nuestros clientes, los cuales no actúan de manera delincuencial. En efecto, la situación actual hace no sostenible algunos medios de pago”.
Estos mismos dardos han sido compartidos por BancoEstado y la dirección de la compañía estatal ha señalado que “se ha producido una situación de abuso de este mecanismo por brechas en la norma que deben ser mejoradas”.
Por ello, la ABIF ha planteado que se debe restituir la regla general del sistema de medios de pago mediante el establecimiento de culpa leve. Esto, pues actualmente la legislación establece un estándar probatorio de culpa grave lo que se traduce en que el banco debe probar que hubo un auto fraude.
Asimismo, BancoEstado ha propuesto que la ley debiese contemplar hipótesis, establecidas a través de una norma de la CMF, en que los emisores de tarjetas no estén obligados a restituir fondos ante el sólo desconocimiento de la transacción.
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