En mayo, la Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad de San Pablo, de la Región de Los Lagos, registró una deuda por cotizaciones previsionales impagas por $ 862 millones en el período 2023 y 2024.
Este es un caso que refleja la situación que exhiben organizaciones estatales, empresas y otras instituciones que mantienen deudas previsionales con trabajadores e incluso con excolaboradores, que las AFP, por mandato legal, deben perseguir y efectuar la cobranza.
De acuerdo con los estados financieros de los fondos de pensiones que publican de forma trimestral cada una de las siete AFP del sistema, la deuda previsional por cotizaciones para pensión impagas alcanzó los US$ 44.270 millones a marzo.
La cifra es un 21% más alta que la del mismo período de 2025, dato que fue de US$ 36.439 millones.
Con todo, el acumulado de la deuda previsional representó al primer trimestre de este año un 17% del total de los fondos de pensiones del sistema.
85% de la deuda de menos de un año se recupera antes de los 12 meses.
Intereses, el principal componente
¿Qué explica lo abultada de la cifra? Los intereses.
El gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes, explicó que del total del stock de deuda previsional, la gran mayoría, un 79%, corresponde a intereses, un 19% al recargo en beneficio del afiliado y un 2% al stock de deuda reajustada.
“El abultado monto responde principalmente a los intereses, cuyo cálculo pasó de una fórmula de interés simple a una de interés compuesto y que se aplica desde 1994, elevando a cifras muy altas la mora contabilizada”, señaló.
El exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, agregó que la deuda total “es de difícil recuperación, debido a que se trata deuda de muchos años de antigüedad, muchas de esas empresas no existen o están inubicables”. La exautoridad señaló que la mayor parte de la deuda se debe a que la fórmula de cálculo de los intereses y reajustes es “muy drástica”, ya que se aplica la mayor de tres tasas: la de operaciones reajustables que fija la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); la de operaciones no reajustables que también fija el regulador; o la rentabilidad de los fondos de pensiones.
“La mayor de las tres cada mes es la que se computa, y luego se aplica interés compuesto y, a la resultante, todo se le recarga el 50%”, señaló Macías.
Sin embargo, eso se modificó con la reforma previsional que se aprobó el año pasado.
“Se incorporó el principio de que el trabajador debe ser compensado por la rentabilidad que habría obtenido su ahorro previsional si la cotización hubiese sido enterada oportunamente, cálculo que es menos gravoso para que los empleadores puedan efectivamente saldar la deuda”, puntualizó Fuentes.
Juicios vigentes
Fuentes precisó que solo el 10% de la deuda es de menos de un año y se encuentra en proceso de cobranza judicial de las AFP. De ese pasivo, el 85% es recuperado antes de los 12 meses por las administradoras.
El ejecutivo gremial apuntó que en el caso del 90% del stock restante, las gestoras mantienen 1,5 millón de juicios para cobrar la deuda.
“Con respecto al número de juicios, 61% está en tramitación, un 38% presenta un estado de inubicable y 1% con empleadores en quiebra y procedimiento concursal de liquidación. Todos tramitándose en los tribunales correspondientes”, indicó.
Sin embargo, según la propia información publicada por las AFP respecto de su gestión histórica en materia de recuperación de deuda, a marzo de este año habían emitido más de 15 millones de resoluciones de cobranza e iniciado más de tres millones de juicios, con lo que han recuperado US$ 1.479 millones.
Sistema Único de Cobranza
Otro cambio que incorporó la reforma de pensiones fue la creación del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC).
Para ello, las AFP crearon una plataforma, que opera como una sociedad de apoyo al giro, para coordinar el esfuerzo de varias instituciones que participarán de la cobranza, como la Tesorería General de la República, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), además de las propias administradoras.
Cuenta con un directorio y un equipo ejecutivo, y su objetivo es centralizar la gestión de cobranza de las deudas previsionales, pero aquellas registradas desde mayo en adelante.
“Se estima que podrá mejorar la eficiencia de los juicios, ya que se juntan en uno solo y no diferentes por cada AFP, lo que debería desatochar los tribunales laborales y mejorar la recuperación de las cotizaciones adeudadas”, dijo Fuentes.
Macías también valoró el nuevo esquema de cobranza que estableció la reforma: “Ahora va haber un sistema mucho más eficiente, con mucho más músculo para cobrar, con mucho más cruce de base de datos”.
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