Hace poco menos de un mes, una comitiva de la Asociación de Aseguradores se reunió -mediante ley de Lobby- con la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, para abordar “los seguros de salud, en particular el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos”.
Detrás del amplio título del acta del encuentro existe una preocupación mayor por parte de la industria respecto del rol que jugarán los seguros complementarios (colectivos e individuales), en el marco de la reforma a la salud del Gobierno.
Los seguros de salud privados son pólizas que complementan los planes contratados en una isapre o en Fonasa y se utilizan principalmente para reembolsar gastos médicos, hospitalarios y dentales, entre otros.
Existen seguros de salud individuales contratados por cada persona, y los colectivos, suscritos por un empleador, sindicatos o unidades internas de empresas, con el fin de obtener mejores precios para un grupo importante de trabajadores.
Las compañías Metlife, BICE Vida, Chilena Consolidada y Vida Cámara tienen la mayor participación en este segmento, al concentrar el 60% de las primas. Otros actores relevantes son la Clínica Alemana, Clínica Las Condes (aunque principalmente en individuales), Colmena, Bupa,y HELP Seguros.
Los temores del sector
Fuentes de la industria indican que la principal preocupación es el rol que cumplirán estos seguros cuando dejen de existir las isapres en el contexto de la reforma de salud.
Aunque podría ser una oportunidad atractiva de negocio, las aseguradoras prevén una sobredemanda de sus coberturas que podría generar problemas de “atochamiento” de asegurados en las clínicas, y además, un alza importante de la siniestralidad que será traspasada a precios, y con ello, el probable aumento de reclamos ante el regulador de Salud y el Sernac.
El director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, avizora un complejo escenario para las aseguradoras, recordando que “la autoridad ha dicho a la ciudadanía que no se preocupe por el fin de las isapres, ya que podrán seguir teniendo seguros de salud complementarios”.
Explicó que al menos la mitad de los actuales afiliados a las isapres buscarán coberturas complementarias con las aseguradoras para mantener el estándar de servicio al que están acostumbrados.
“Pero habrá otro 50% que tiene más de 60 años y enfermedades preexistentes, que querrá lo mismo, pero se encontrará con un marco regulatorio diferente. En ese minuto los problemas de selección por ingresos, edad y enfermedades que tenían las isapres, lo tendrán las compañías de seguros”, afirmó Sánchez.
“Hay 1,4 millones de personas que no podrán acceder a un seguro de salud complementario y el Gobierno presionará un nuevo marco legislativo para las aseguradoras”, precisó.
En el sector confirman que existe temor de que se les traspase la regulación de las isapres, cayendo bajo el “paraguas” de la Superintendencia de Salud sumado al de la CMF, que hoy solo vigila su solvencia.
Para la líder del movimiento ciudadano de Salud Libre por el Rechazo, Victoria Beaumont, existe un riesgo importante de judicialización de las coberturas privadas de salud complementarias al Sistema Nacional de Salud.
“La propuesta de reforma del Gobierno y el modelo propuesto en el borrador de la Nueva Constitución puede transformar a los seguros complementarios en una alternativa ante las brechas de cobertura catastróficas y hospitalarias. Esto es un retroceso y es volver al inicio de los ‘80. Si el Estado no cumple, podrían ser las únicas empresas que terminen respondiendo a la gente y entren en judicializaciones”, explicó.
Siniestralidad y costos
El segmento de seguros colectivos de salud viene arrastrando pérdidas operacionales desde hace unos años.
Según el director senior de Feller-Rate, Eduardo Ferretti, entre 2014 y 2019 el retorno medio trimestral alcanzó una baja de 4,5%, con pérdidas promedio de $ 3.400 millones por trimestre y una siniestralidad de 83%.
La alta competitividad, junto al creciente arbitraje de beneficios significó enfrentar elevadas tasas de siniestralidad. A ello se sumaron los efectos de la pandemia.
En 2020 este segmento se logró recuperar, alcanzando un resultado operacional de $ 90 mil millones y una baja en la tasa de siniestralidad. Posteriormente, con la apertura de la actividad presencial en 2021, la siniestralidad comenzó a recuperarse, alcanzando una media de 86%, para la segunda parte de ese año.
Además, el negocio también ha recogido los efectos la inflación, traduciéndolo en alza de primas, que generaron ingresos por $ 274 mil millones a junio 2022, esto es, un 16% nominal más respecto del año anterior.
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