Un nuevo capítulo se está escribiendo como parte de la quiebra del ya desaparecido gimnasio Balthus Vitacura. Ahora, a petición del abogado a cargo de la bancarrota, la justicia decretó la incautación de propiedades y el embargo de dineros en cuentas de una serie de sociedades ligadas a Jorge Gálmez, quien fuera dueño del complejo deportivo.
A fines de 2020, el abogado Cristián Herrera, liquidador de Balthus Vitacura, acusó a Gálmez de actos defraudatorios y de extraer millonarios recursos desde la empresa pocos meses antes de solicitar la quiebra de la compañía.
“Es impresentable que el controlador de una empresa, le reste $ 3.436.580.610 de su patrimonio, y escasos meses después solicite su liquidación voluntaria, entregando migajas a sus acreedores, mientras la millonaria cifra en cuestión termina en sus propios bolsillos”, dijo en su acción revocatoria concursal subjetiva.
La defensa de Gálmez, liderada por Raimundo Labarca, respondió con dureza: “La demanda importa una insolencia inaceptable que resulta impropia de una contienda judicial”, dijo el abogado. Añadió que su contraparte elaboró “un relato falso para llamar la atención de ‘la galería’ (…) Y cuyo único objetivo ha sido denostar a la empresa en liquidación y a sus accionistas”.
El 6 de junio de este 2022, a petición del abogado Herrera, la magistrada del 12º Juzgado Civil de Santiago, Sofía Gutiérrez, decretó una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de seis inmuebles de sociedades ligadas a Gálmez.
Además, la jueza dictó la medida precautoria de retención de bienes, respecto de los dineros que se encuentren en tres cuentas corrientes de sociedades ligadas al empresario hasta por $ 3.436 millones.
Tres días después, el abogado Labarca presentó un recurso de reposición para intentar revertir la retención de los bienes. Dijo que el presupuesto básico para hacer procedente una medida precautoria es que exista un peligro cierto e inminente de que los bienes de los demandados puedan desparecer y que esta circunstancia ponga en riesgo la ejecución de una eventual sentencia dictada en su contra.
“Mediante una medida evidentemente improcedente, el liquidador ha insistido en perseguir al representante de Balthus, ahora solicitando una medida que además de ser innecesaria, al no existir un peligro cierto e inminente de daño jurídico, excede con creces los bienes necesarios para responder de los resultados de la acción”, sostuvo Labarca.
Luego, afirmó: “Jamás ha existido el ánimo por parte de nuestras representadas (sociedades ligadas a Gálmez) de esconder sus bienes”.
El pasado 25 de junio, el liquidador pidió rechazar el recurso. “Si las demandadas ya fueron capaces de, frente al prospecto de una liquidación concursal, distraer el patrimonio de la deudora concursada quedándoselo para sí mismas, cabe preguntarse: ¿Qué impide a los demandados hacer lo mismo que ya hicieron, esta vez frente a la eventualidad de una sentencia condenatoria por $ 3.436.580.610?”, sostuvo.
Por esto, dijo que lo único que impide que las demandadas “hagan exactamente lo mismo que ya efectuaron”, son las medidas cautelares dictadas. “Resulta inconcuso que, el patrimonio inmueble de las demandadas, es absoluta, completa y totalmente insuficiente para responder por las resultas del presente juicio, lo que da cuenta de la necesidad de cautela que por esta vía se reclama”, sostuvo. Luego, afirmó que el avalúo fiscal de los bienes incautados asciende a $2.304 millones, lo que es, afirmó, sustancialmente inferior al monto de la demanda.
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