La Universidad de Antofagasta, uno de los principales planteles de la educación superior del norte del país, está pasando por momentos complicados, con un déficit de presupuesto de más de $ 8 mil millones al primer semestre.
Desde la casa de estudios han atribuido la situación a “factores acumulados en el tiempo y arrastrados desde administraciones anteriores”. El cuadro se explica también por el continuo aumento en la dotación de funcionarios y profesores honorarios. Pero un factor clave ocurrió en noviembre, cuando fue rechazada su postulación al Fondo de Infraestructura Universitaria, perdiendo la posibilidad de acceder a $ 12 mil millones en financiamiento para infraestructura científica y académica. El episodio provocó un escándalo en el ámbito académico, ya que fue atribuido a errores básicos de gestión en un procedimiento habitual para este tipo de entidades, y derivó en la destitución de cuatro funcionarios involucrados en el proceso. La situación fue duramente cuestionada además por el gobernador Ricardo Díaz, que calificó el caso como lamentable.
Plan de reestructuración
Fue en estas circunstancias que el rector Marcos Cikutovic presentó un plan de acción al Consejo Universitario, incluyendo muchas medidas que ya habían sido recomendadas previamente por la Superintendencia de Educación Superior, y que consideraban una completa reestructuración de la operación, la reducción de la planta no académica, el cierre o fusión de facultades y la eliminación de algunas carreras, además del compromiso de evaluar la continuidad del Hospital Clínico.
En detalle, el plan presentado a comienzos de mes consideraba el aumento de la carga docente para rebajar el gasto en honorarios externos, la reducción de becas para alumnos de pregrado y postgrado, además de los subsidios para cónyuges e hijos del personal, el recorte de incentivos por publicaciones de investigación científica, la reducción de los desembolsos para viáticos y pasajes y regular las asignaciones de mercado y gastos de representación que venían en ascenso.
Debido a un error administrativo calificado como básico, en noviembre fue rechazada su postulación a un fondo de financiamiento por $ 12 mil millones, episodio que desató un escándalo en el ámbito académico y el despido de cuatro funcionarios.
Sin embargo, la iniciativa, pensada para ser implementada por etapas, pero con las primeras medidas aplicadas de inmediato, no encontró buena acogida en el consejo, en momentos en que la universidad vivía una coyuntura clave para el ámbito de la educación superior, con la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) a comienzos de diciembre y luego el inicio del proceso de postulación de los alumnos. A ello se sumaron además las críticas dentro del plantel de profesores a la manera que la administración de la casa de estudios ha manejado la emergencia y a una supuesta falta de detalles en la propuesta.
“Lamentablemente, no fue apoyado por los directores académicos ni los decanos, puesto que no generaron las sinergias necesarias para aumentar las horas de los docentes planta, sino que insistieron en ir abultando la cantidad de profesores honorarios”, cuestionó en entrevista con DF Regiones el gobernador Ricardo Díaz, quien se manifestó partidario de una “reestructuración completa de los equipos de la Universidad para que den garantías de trabajo profesional y serio”.
Posible incumplimiento
En medio de este panorama, la universidad convocó el 11 de noviembre a una reunión del Consejo Universitario con el Superintendente de Educación, José Miguel Salazar, para analizar los pasos a seguir.
En el encuentro se recalcó que la mayoría de las medidas exigidas por la superintendencia no muestran avance, mientras que desde la universidad confirmaron la gravedad de la situación al proyectar que el déficit se encamina ya a los $ 9 mil millones. De no mediar acciones correctivas, alertaron que “se generaría un riesgo de incumplimiento financiero durante el primer semestre de 2026”.
En la instancia se resolvió avanzar con un proceso de reestructuración durante los próximos tres meses. Dicho proceso será impulsado con un enfoque triestamental, que considere tanto la participación de los académicos y funcionarios como de los propios estudiantes. Lo resuelto deberá ser aprobado por la mayoría de los 27 miembros del Consejo Universitario, que es presidido por el rector, pero en caso de ser rechazado se estima que podría llevar a una intervención del plantel por parte de la superintendencia.
“Lamentablemente si la universidad es incapaz de dar cumplimiento al plan que ellos mismos están dando, tienen que asumir que la intervención es la única forma de poder dar garantías de trabajo más duradero”, señaló el gobernador Díaz.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Antofagasta
