Desde humo tóxico en Arica hasta incendios intencionales en Magallanes. La crisis de los vertederos no es nueva en Chile, pero desde 2024, lo que eran problemas focales de recolección, hoy se han transformado en una emergencia multidimensional que incluye riesgos a la seguridad pública e incluso aérea.
Al colapso de la infraestructura legalmente habilitada se ha sumado el auge de mafias que tienen en jaque a municipios y gobiernos regionales, forzando intervenciones urgentes del Ministerio del Interior, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y el Poder Judicial.
La crisis es estructural. Según una investigación de Kyklos junto a la Asociación Chilena de Municipalidades en 2025, 40% de la basura en Chile se dispone en sitios ya caducados o que colapsarán en menos de cinco años. Esto obliga a los municipios a gastar cerca de US$ 475 millones anuales para mover desechos de una región a otra.
Según el catastro recopilado por DF Regiones, en los últimos dos años se mantienen situaciones graves en 16 vertederos en todo el país, que hoy se encuentran bajo sumarios, intervenidos o colapsados y operando al límite de la legalidad.
Aparte de la RM, que registra cuatro de estos casos, la región más afectada es Los Lagos, con tres situaciones críticas. Los principales factores declarados, en ambas regiones, son también los que más se repiten en el resto del país. La operación de recintos con vida útil vencida o sin autorización ambiental vigente, es el principal componente en 14 de las 16 situaciones, pero se mantienen operando, en algunos casos, debido a decretos de emergencia.
NORTE GRANDE
En la puerta norte del país, la crisis se respira. En Arica, la gestión de residuos ha derivado en una alerta sanitaria permanente. Durante 2025, Senapred registró 180 quemas descontroladas en el vertedero municipal. Las nubes de humo tóxico producto de la combustión de desechos y la extracción ilegal de metales han invadido sectores residenciales como Los Industriales y Cerro Chuño. La Seremi de Salud ha sido tajante: Arica no cuenta con un relleno sanitario autorizado, y el recinto actual funciona, en la práctica, como un basural a cielo abierto.
En la Región de Tarapacá, la justicia ambiental está dictando sentencias históricas. El Primer Tribunal Ambiental condenó al Estado de Chile a reparar el daño causado en Pampa Norte y Mollecita, en Alto Hospicio, donde la masiva acumulación de ropa usada y neumáticos ha degradado el suelo del desierto. Aunque el municipio inició un plan de saneamiento para 3 mil viviendas colindantes al exvertedero Alto Molle, la zona sigue siendo un pasivo ambiental activo.
En Antofagasta, la reactivación de quemas en el exvertedero La Chimba obligó en 2025 a suspender las clases en establecimientos educacionales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ofició a las autoridades por la vulneración de derechos fundamentales de estudiantes y vecinos que no pueden escapar de la contaminación.
ZONA CENTRAL
En la Región de Valparaíso, el urbanismo irregular alimenta la crisis. En Laguna Verde, la expansión de loteos ilegales sin alcantarillado ha ido de la mano con microbasurales en quebradas, generando incendios subterráneos que amenazan a la población y a especies en peligro como la orquídea Chloraea disoides.
En la RM, la crisis ha escalado hasta comprometer la seguridad nacional. En Pudahuel, la proliferación de la "mafia de la basura" generó una amenaza directa al tráfico aéreo, con seis vertederos ilegales en el entorno del aeropuerto, que atraen aves y elevan el riesgo de colisiones con aeronaves. La situación obligó a la Dirección General de Aeronáutica Civil a declarar "condición aviaria severa", forzando al Ministerio de Obras Publicas a intervenir el río Mapocho para retirar más de 2.400 toneladas de basura del cabezal sur del terminal.
En Melipilla, la Seremi de Salud decretó la prohibición total y definitiva del Vertedero Popeta por inestabilidad en los taludes y riesgo de derrumbe. Y en Talagante se ha reactivado el conflicto en torno al relleno Santa Marta. El proyecto para descargar efluentes tratados en el estero El Gato ha encontrado férrea oposición ciudadana que busca declarar dicho cuerpo de agua como humedal urbano.
SUR
La Región del Biobío actúa como el principal pilar del sistema de residuos del sur, pero su capacidad está al límite. En Chiguayante se clausuró el vertedero ilegal "Los Castaños" y la presión sobre los rellenos autorizados es máxima. En este contexto, el relleno Hidronor de Copiulemu proyecta reabrir sus operaciones para residuos domiciliarios el primer semestre de 2026, una medida desesperada para evitar el colapso.
Esta reapertura es vital para La Araucanía, región que enfrenta el escenario financiero más dramático: 90% de los vertederos están colapsados. Ante la falta de infraestructura, 17 comunas deben exportar su basura al Biobío, recorriendo cientos de kilómetros, con un costo anual superior a los $ 24.115 millones.
En Los Ríos, el cierre del vertedero Morrompulli de Valdivia se ha visto obstaculizado por conflictos administrativos, y se proyecta que el nuevo relleno sanitario regional no operará antes de 2029.
SUR AUSTRAL
En Los Lagos, la crisis obligó a los municipios a tomar el control. En Osorno, el municipio asumió la operación del vertedero Curaco entre octubre de 2025 y marzo de 2026, desembolsando $ 280 millones para evitar una emergencia ambiental, mientras la SMA ordenaba medidas urgentes por el escurrimiento de lixiviados a canales de aguas lluvias.
Más grave es lo ocurrido en Puerto Varas, donde a mediados de 2024 correos internos revelaron que la empresa operadora del relleno La Laja falsificó sus reportes para ocultar la eliminación irregular de lixiviados. El escándalo derivó en una querella criminal del municipio.
Ancud es un ejemplo extremo de esta distorsión logística. La comuna traslada su basura a vertederos en Los Ángeles a 1.266 km de distancia, el recorrido más largo registrado en el país. En 2024 el municipio desembolsó más de $1.300 millones para mantener el sistema de emergencia.
En Magallanes, la crisis se materializó en fuego. En enero de 2026, un incendio en el vertedero de Puerto Natales consumió más de $ 1.000 millones en recursos de emergencia. La situación es investigada por presunta intencionalidad, tras detectarse focos simultáneos en una extensión de 240 metros en zonas frías, sugiriendo un sabotaje que puso en jaque a la provincia de Última Esperanza.
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