Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
La situación ha escalado a nivel político y social. Mientras en Arica el gobernador Jorge Diaz alerta que “una de cada cinco viviendas tiene socavones”, en Antofagasta la presión recae sobre las sanitarias por las filtraciones de sus redes en terrenos de alta salinidad.
Por: Matías Carrascosa
Publicado: Miércoles 28 de enero de 2026 a las 10:00 hrs.
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El surgimiento de grandes socavones en la primera línea de playa de Reñaca, Viña del Mar, en 2023, generó conmoción pública y justa preocupación de quienes eventualmente podían verse afectados.
Sin embargo, más al norte del país, en grandes urbanizaciones lejos del frente costero, los súbitos hundimientos del terreno están provocando una crisis habitacional que viene afectando a miles de residentes.
La mayor inestabilidad de los suelos debido a los altos niveles de salinidad, sumada al efecto de filtraciones de redes sanitarias, son las causas tras los diversos casos reportados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama en los últimos años.
Ante este panorama, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió la Resolución Exenta 1537 llamando a postulaciones por UF 410 mil (cerca de $ 16.280 millones) para la reparación de viviendas y condominios afectados por socavones en dichas regiones.
Este movimiento presupuestario, enmarcado en el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS N° 27), busca responder a una problemática que las autoridades locales califican de “emergencia”, donde la interacción entre la composición salina del suelo y las fugas de agua han comprometido la estructura de conjuntos habitacionales enteros.
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Distribución de la inversión y foco en Tarapacá
El desglose presupuestario de la resolución establece una asignación prioritaria para las zonas críticas. Del total de UF 410 mil, la Región de Arica y Parinacota recibirá UF 180 mil, seguida de cerca por Tarapacá con UF 160 mil. En esta última ya se aprobó el financiamiento total de los proyectos calificados por un monto cercano de $ 6.200 millones.
En el caso específico de Tarapacá, los fondos permitirán intervenir 360 viviendas en Alto Hospicio, beneficiando directamente a las familias del condominio Montesol y Los Olivos II. Diego Rebolludo, Seremi de Vivienda de la región, destacó que estas obras se insertan en el “Plan de Suelo Salino”, reconociendo que la salinidad es una “condición permanente del territorio” que requiere soluciones técnicas de largo plazo, no solo reparaciones estéticas.
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El componente sanitario y la tensión regional
La normativa técnica reconoce que, en comunas como Arica y Alto Hospicio, la norma técnica de estabilización de suelos salinos (NCh3394), es clave. Sin embargo en regiones como Antofagasta y Atacama (que reciben UF 50 mil y UF 20 mil ), la problemática se vincula directamente a la corrosión por calidad del agua y filtraciones.
La situación ha escalado a nivel político y social. Mientras en Arica el gobernador Jorge Diaz alerta que “una de cada cinco viviendas tiene socavones”, en Antofagasta la presión recae sobre las sanitarias. Autoridades y vecinos han emplazado a Aguas Antofagasta y a la concesionarias del Hospital Regional, denunciando los colapsos de la corrosión de tuberías y la falta de mantención, lo que ha obligado al Estado a subsidiar reparaciones que tienen su origen en fallas de servicios básicos.
Mecanismo del subsidio
La resolución detalla que los subsidios cubrirán tanto obras de carácter estructural como el recambio en redes sanitarias. Para los casos más graves en Arica y Alto Hospicio, se permite un subsidio máximo de hasta 350 UF por vivienda cuando se requieren obras simultaneas de estructura e instalaciones, cifra superior al estándar nacional debido a la complejidad técnica de intervenir sobre suelos colapsables.
Adicionalmente, en Atacama, la preocupación se centra en la paralización de estudio de subsuelo de Tierra Amarilla, una inversión de $ 2.493 millones que se encuentra detenida por disputas contractuales, lo que añade incertidumbre a la gestión del riesgo en la zona.
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