Un complejo escenario judicial y financiero enfrenta la Municipalidad de Valparaíso. Lo que comenzó hace más de una década como una disputa por un proyecto inmobiliario en el Barrio O’Higgins (conocido como el “Caso Pümpin”), ha derivado en una crisis procesal que podría costarle a las arcas fiscales cerca de UF 811 mil (aproximadamente $ 30 mil millones), luego de que la Dirección Jurídica de la actual administración no presentara pruebas testimoniales clave dentro de los plazos legales.
El conflicto se reactivó con fuerza luego de que Sogin SpA (Sociedad de Gestión Inmobiliaria, anteriormente Inmobiliaria del Puerto SpA), vinculada al empresario Nicolás Ibáñez, demandara al municipio por indemnización de perjuicios. La acción legal se sustenta en el fallo de la Corte Suprema de 2021, que declaró ilegal el decreto edilicio de la administración de Jorge Sharp que había invalidado los permisos de edificación del proyecto habitacional.
La "debacle" procesal
Según los documentos judiciales revelados esta semana, la defensa municipal, encabezada por la directora jurídica Daniela Tapia, incurrió en omisiones técnicas críticas durante la tramitación de la causa (Rol C-2487-2023) en el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso.
Si bien la administración anterior contestó la demanda alegando prescripción y falta de legitimación, el “golpe” ocurrió bajo la gestión actual del Frente Amplio. El hito más relevante se registró el 17 de septiembre de 2025: fecha límite para presentar la lista de testigos. Mientras la inmobiliaria cumplió con el trámite, el municipio no ingresó ningún nombre, quedando sin prueba testimonial para defender su postura.
A esto se suma que, en junio de 2025, el equipo jurídico no contestó la resolución que recibía la causa a prueba, intentando posteriormente revertir la situación mediante un incidente de nulidad por supuesta falta de notificación, el cual fue rechazado por el tribunal el 9 de septiembre, pavimentando el camino para el actual escenario.
Riesgo de quiebra financiera y arista política
El monto no es menor para la ciudad porteña. Los $ 30 mil millones solicitados por la empresa por el “lucro cesante” y daños tras la paralización del proyecto representan un quinto del presupuesto municipal total.
La situación ha generado reacciones inmediatas en el mundo político. Desde el Consejo Municipal advierten que estos “errores no forzados” podrían constituir un notable abandono de deberes por parte de la alcaldesa Camila Nieto.
“La desidia de los abogados de la Dirección Jurídica nos deja en una posición sumamente compleja. Estamos hablando de cifras que comprometen la estabilidad financiera de la comuna”, señaló el concejal Leonardo Contreras (RN), opinión que es compartida transversalmente ante el temor de una sentencia diversa.
La respuesta del Municipio
Frente a los cuestionamientos, la Municipalidad de Valparaíso emitió una declaración pública asegurando que mantienen una “estrategia institucional” y descartando que el juicio esté perdido.
Desde la casa edilicia argumentan que el proceso "se encuentra en pleno desarrollo y no existe sentencia definitiva". Su estrategia actual se centra en objetar las pruebas documentales de la contraparte y presentar “tachas” a los testigos de la inmobiliaria, intentando minimizar el daño causado por la falta de sus propios testigos.
“Los antecedentes conocidos hasta ahora no implican una condena”, recalcaron desde el municipio, insistiendo en que agotarán todas las instancias, incluida la Corte de Apelaciones, para evitar el millonario desembolso.
Sin embargo, expertos en derecho administrativo advierten que litigar sin prueba testimonial propia en un juicio de hacienda de esta magnitud reduce drásticamente las posibilidades de éxito, dejando al municipio en una posición de extrema fragilidad frente a la demanda de la empresa de Ibáñez.
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