Vienen cambios moderados a la industria minera brasileña

Un anuncio que habría despertado preocupación en otros países de América Latina, se recibe con calma en Brasil.

Por: | Publicado: Jueves 12 de mayo de 2011 a las 05:00 hrs.
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El código minero de 43 años de Brasil sufrirá cambios en virtud de propuestas que serán presentadas al congreso del país en las próximas semanas. En otros países de América Latina (como Venezuela y Bolivia, ambos propensos a las nacionalizaciones) ese anuncio podría provocar preocupación de los inversionistas ante la perspectiva de un mayor control estatal de la industria y un deterioro del entorno operacional. Sin embargo, no es el caso de Brasil, donde el gobierno izquierdista de la presidenta Dilma Rousseff está muy interesado en subrayar su compromiso con la defensa de un equilibrio adecuado entre mantener un ambiente de negocios atractivo y aumentar los ingresos del Estado.

Brasil es uno de los gigantes de la minería de América Latina, con un gran territorio que contiene reservas de oro, cobre, zinc, mineral de hierro, bauxita, níquel y uranio. Las perspectivas de crecimiento han capturado la atención de inversionistas extranjeros y empresas estatales. Aunque la minería, en particular de metales preciosos, ha sido un elemento básico de la economía brasileña desde la época colonial, el interés de los inversionistas ha aumentado desde 2000, en particular, desde la región de Asia-Pacífico.

La demanda de Asia-Pacífico y China ha hecho que los precios de los metales sigan altos a pesar de la desaceleración económica mundial de 2008-09. Es probable que el aumento del precio de estos productos y los niveles de ganancias para las empresas mineras hayan sido uno de los factores tras la decisión de reformar el código minero de Brasil.



Debate de años


Tal reforma ha sido objeto de debate durante varios años. Edison Lobão, actual ministro de Minas y Energía, ocupó el mismo cargo en el gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre 2008 y 2010 y propuso una reforma poco después de ocupar ese puesto. Rousseff, quien asumió el cargo en enero de este año, parece más proclive al cambio: en un discurso a mediados de abril, dijo que los niveles de compensación por las ganancias mineras deben ser ajustados.

Aunque la propuesta de legislación no se ha presentado al Congreso, parece ir rumbo a aumentar el nivel actual de royalties que las empresas privadas deben pagar al estado (compuesto por los gobiernos centrales, federales y municipales). Estos niveles han sido objeto de modificación desde 1968, cuando se fijaron relativamente bajos para alentar a las empresas extranjeras a invertir en el desarrollo del sector. En la actualidad, las regalías varían entre 1% y 3% para las exportaciones de minerales: este nivel sigue siendo bajo en una comparación global. El derecho sobre el mineral de hierro y carbón es de 2%, el la bauxita y manganeso es de 3%.

Teniendo en cuenta estos niveles, el gobierno de Rousseff parece convencido de que un aumento no será un desincentivo a la inversión extranjera. Esto sugiere que el nivel de pagos de regalías no se elevará por encima de la media mundial y en cambio se ajustará a un nivel que el gobierno crea que ofrece un aumento suficiente de los ingresos del Estado,
La reforma del código minero es sólo una parte del plan a largo plazo de Brasil para impulsar su sector minero y aumentar su contribución al PIB. En febrero de este año, el gobierno anunció su Plan Nacional de Minería 2030, resumiendo su visión a largo plazo para el sector. Como parte del plan, el gobierno tiene la intención de invertir US$ 350 millones durante los próximos 19 años con el fin de impulsar la producción de metales, particularmente de mineral de hierro, cobre, aluminio y níquel. En concreto, el plan tiene como objetivo aumentar la producción de mineral de hierro en 58% a 585 millones de toneladas métricas en 2015, y luego hasta 795 toneladas métricas en 2030. Teniendo en cuenta todos estos cambios en el ambiente minero, el gobierno creará un consejo nacional de minería de supervisar la aplicación de nuevos planes y servir de foro para discutir el nuevo marco reglamentario.

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