Por Gonzalo Cerda M.
“Banco Central, Consejo para la Transparencia y las instituciones fiscalizadoras son situadas en la administración institucional. Se les reconoce su autonomía y la ley establecerá la medida de la autonomía y de la configuración de sus competencias”.
La frase pertenece al capítulo “Nueva Constitución” del documento de 195 páginas con que la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, presentó su programa de gobierno a fines de octubre y se ha prestado para diversas interpretaciones por parte de economistas y expertos respecto a la magnitud de los cambios a la ley y a eventuales cambios en su autonomía.
Esto se vio reforzado por declaraciones del integrante de la comisión de Constitución de la abanderada, Fernando Atria, a Revista Qué Pasa, donde señaló que en su opinión los consejeros del Banco Central, al igual que los responsables de otras entidades del Estado, debían estar sujetos a una eventual acusación constitucional en caso de una negligencia en su actuar, para lo que puso como ejemplo las decisiones de los consejeros durante la crisis asiática.
Precisamente Atria aclara que en el programa lo único que aparece es “una mención en el programa a la adecuada autonomía del Banco Central”, pero recalca que en la comisión no hubo una discusión precisa sobre el Banco Central. “Sí habían opiniones, había un sentimiento compartido por algunos miembros de la comisión en el sentido de que la situación del Banco Central es anómala, que no tengan ninguna responsabilidad por las decisiones que toman, y acá la forma estándar de responsabilidad de los que ostentan los cargos superiores del Estado es una acusación constitucional”.
Principalmente las críticas han apuntado a la autonomía del ente rector y que esta se vería afectada por una medida como esta.
Ante eso, Atria fue enfático al preguntarse si “¿afecta la autonomía de la Corte Suprema el hecho de que los miembros de la Corte puedan ser acusados? Alguien dijo que con esto el Congreso estaría pauteando al Banco Central, entonces ¿cree que el Congreso hoy pueda pautear al gabinete, a la Corte Suprema o a los generales de las Fuerzas Armadas? ¿Quiere decir que todos estos funcionarios pasan a ser marionetas del Congreso? Lo que hay es una declaración en el programa que hay un problema, pero la comprensión de la autonomía no significa que independiente de las decisiones que se tomen, nadie les puede pedir cuentas”, aseguró.
La crítica de los economistas
En esa línea, dos integrantes del Grupo de Política Monetaria (GPM), Tomás Izquierdo y Gonzalo Sanhueza, plantearon su preocupación respecto a que se concrete una medida como la acusación constitucional. “Hay que ser muy cuidadoso en este tema, ninguna autoridad puede estar liberada de un control público y de esa perspectiva es bueno que exista una vigilancia respecto de que se cumplan los objetivos expuestos para cada institución, pero llevar el esquema de la acusación constitucional que existe para los ministros de Estado hacia los consejeros del Banco Central me parece un instrumento peligroso”, afirmó Izquierdo.
Su opinión fue compartida por Sanhueza, quien señaló que “abrir la discusión sobre la ley del Banco Central es algo muy grave porque los riesgos están en que se empiece a exigir al Banco Central objetivos para los cuales no tiene instrumentos”.
Estas críticas, a juicio de Atria, “no tienen sustento” ya que lo central es “ver cómo se hará cumplir la responsabilidad de quien detenta una potestad pública. Si me pregunta cómo se hace efectiva la responsabilidad por las potestades publicas de los ministros, los comandantes en jefe, miembros de la corte suprema, la manera normal es acusación constitucional”.
Ante la posibilidad de buscar otro tipo de mecanismo, Atria señaló que “no hay razón para pensar que esa es la única concebible, es perfectamente posible discutir otras maneras. Si a la gente le parece que no es aceptable que los consejeros de Banco Central estén incluidos en la lista de la acusación constitucional, preguntaría por qué es aceptable para los integrantes de la Corte Suprema (...) aquí no hay una cosa de que tiene que ser así, lo que hay es un principio básico de un Estado de derecho, no hay potestad pública que se pueda ejercer sin estar expuesto a responder de su mal ejercicio, eso es 2+2”.
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