La inteligencia artificial (IA) no es una promesa futura, es el motor presente de la competitividad global. Por eso valoramos que Chile avance en una institucionalidad que acompañe su desarrollo responsable. Una buena regulación aporta certeza jurídica, confianza para la inversión y protección a las personas.
Desde el inicio de la tramitación del proyecto que regula la IA en Chile, y que votará hoy la Cámara de Diputados, como gremio empresarial hemos planteado nuestra preocupación por el enfoque regulatorio adoptado, que en nuestra opinión resulta regresivo para el desarrollo de la IA y la legítima esperanza de jugar un rol de liderazgo como país en esta materia.
Pese a ello, reconocemos y celebramos las mejoras introducidas en la Comisión de Ciencias de la Cámara, valorando especialmente su cambio de enfoque general, que ahora busca regular los usos de la IA y no la tecnología en sí misma. Se trata de un cambio central, ya que en su concepción inicial prácticamente se cerraba a cualquier sistema de IA en nuestro país. Este es un avance que aplaudimos, pues evita limitar la innovación antes de que florezca, y por el que hay que dar crédito tanto al Ministerio de Ciencias como a los diputados miembros de la comisión.
No obstante, mantenemos significativas aprensiones, entre ellas sobre la cantidad excesiva de exigencias que deberá enfrentar cualquier usuario de IA, teniendo en cuenta que la creciente capacidad de los modelos actuales y en desarrollo hará cada vez más complejo determinar su potencial riesgo.
También observamos imprecisiones en definiciones clave, como la de "uso", que trata como iguales al desarrollador de un algoritmo, al proveedor de una plataforma y a la pyme que la utiliza, imponiendo a esta última una carga desproporcionada que desincentivará la adopción tecnológica.
Esta falta de precisión se extiende a otros puntos críticos, como los riesgos de discrecionalidad cuando un responsable del Estado deba establecer si determinado uso de la IA es de "alto riesgo", lo que agrega incertidumbre a la toma de decisiones de inversión y al sistema regulatorio en general.
Desde la Cámara de Comercio de Santiago. estamos impulsando espacios de colaboración y trabajo técnico con el propio sector tecnológico y empresarial, orientados a fortalecer la autorregulación y a construir estándares de buenas prácticas. Frente a una tecnología que evoluciona constantemente, los primeros interesados en generar confianza y seguridad en los usuarios son los propios actores del sector. Estos esfuerzos buscan reforzar la confianza pública en la innovación y promover una cultura de responsabilidad compartida entre quienes lideran la transformación digital del país.
La etapa que viene en el Senado exige colaboración técnica entre Congreso, Ejecutivo, sector privado, academia y sociedad civil. Como CCS reiteramos nuestra disposición a seguir colaborando en el proceso legislativo, tal como desde el inicio, para aportar a una institucionalidad que equilibre la protección de las personas con el fomento de la inversión, la adopción tecnológica y la competitividad. Al mismo tiempo, creemos necesario generar una profunda reflexión país, evitando autoimponernos una regulación que termine por excluirnos de esta gran revolución moderna que definirá los liderazgos del futuro.
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