Luego del triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, y después de meses de críticas de la oposición y la presión oficialista para avanzar en su despacho, se abren interrogantes sobre el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial (IA), ingresado por el Ejecutivo en 2024.
Los diputados de la comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Paula Labra (independiente) y Rubén Oyarzo (independiente), y el senador de la comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alfonso De Urresti (PS), ven poco probable que se apruebe durante este Gobierno.
El senador De Urresti señaló que se requiere “mucho diálogo” para avanzar e insistió en la relevancia del debate para una continuación “sólida” en la próxima administración, lo cual ve con buenos ojos, pero remarcó “la necesidad de un diálogo amplio y responsable” entre los diversos sectores que configurarán la estructura parlamentaria del Senado en 2026.
En tanto, la diputada Labra dijo: “Estoy segura que el Gobierno de José Antonio Kast va a buscar una regulación flexible”, que acompañe la “inversión” y al “desarrollo” en IA, “en conclusión, va muy en la línea contraria de lo que busca este proyecto de ley del Presidente Gabriel Boric”.
Agregó que cuando pasó por la Cámara de Diputados se rechazaron varios artículos de la ley y que llegó al Senado como un “Frankenstein”, por lo que ve “poco probable que antes del 11 de marzo sea aprobada”.
El diputado Oyarzo es más optimista y señaló que espera que el proyecto de ley “salga antes de que termine este Gobierno y antes de que se termine nuestro período legislativo”. Destacó que algunos diputados de oposición votaron a favor en su primera tramitación en la Cámara Baja, definiéndolo como “un proyecto de ley transversal”.
Las diferencias
Para Labra esta propuesta presenta “complicaciones a grandes rasgos” y “desincentiva” a las startups y pequeñas y medianas empresas, porque no pueden cumplir con las exigencias que establece, como la “supervisión humana en el uso de IA”, y las multas, las que “asfixiarán a las empresas”.
La diputada agregó que el proyecto “es una copia de la regulación de la Unión Europea”, la que “ha demostrado fallas en la competitividad de los países”.
En otra arista, el diputado Oyarzo comentó que está a favor de que la fiscalización esté en manos de la Agencia de Protección de Datos Personales, pero hizo hincapié en que “sin una institución fuerte, la ley no se puede cumplir”.
También dijo que se debe seguir avanzando en esta materia durante el Gobierno de Kast. Señaló que el uso de IA en la campaña electoral, tanto en la franja como también por las fake news difundidas por bots, “abre la necesidad de regularla” para evitar “poner en riesgo los derechos fundamentales, la democracia, la seguridad y el empleo”, argumentó.
En relación al futuro del proyecto, afirmó que se debe seguir trabajando en la regulación, principalmente “porque así lo está haciendo el mundo”. “Hay modelos como el de la UE, Estados Unidos, China, Unesco y la OCDE. Entonces, Chile no se debe quedar atrás y son desafíos para el nuevo Gobierno”, sostuvo.
Modelos
El presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI), Francisco Guzmán, dijo durante el Encuentro de Socios 2025, que el proyecto de ley de inteligencia artificial “tiene espacios de mejora” y ejemplificó con la reciente regulación de IA aprobada en Australia, la que tiene “una clara orientación al crecimiento y desarrollo de los sectores productivos más tradicionales”.
En tanto, el asesor de temas digitales del Presidente electo, Jorge Atton, en una columna de opinión publicada en DF a fines de noviembre, señaló que el dilema es cómo regular la IA “sin desincentivar la innovación, sin encarecer el desarrollo local y sin llegar tarde”, debido a la velocidad del avance de esta tecnología.
Agregó que en contraste con la ley de la UE, “que ya enfrenta dudas sobre su impacto y viabilidad”, otros países optaron por modelos más adaptativos, como el Reino Unido, que estableció una regulación basada en principios y dejó a cada regulador sectorial la tarea de actualizar los estándares técnicos.
También destacó la “ley marco liviana” de EEUU y la regulación de Brasil que privilegió la protección de derechos, dejando fuera la parte técnica.
Atton propuso en la columna que Chile debería avanzar en “una Ley Marco de IA que establezca principios obligatorios -transparencia razonable, supervisión humana, no discriminación, protección de datos- y que deje la regulación técnica a un organismo especializado con capacidad de actualización rápida”.
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