Día de tensión vivió Argentina por conflicto desatado entre el gobierno y gremio camionero
La presidenta Cristina Kirchner decidió adelantar su regreso al país desde Brasil, donde participaba en la cumbre de desarrollo sustentable Rio+20.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 22 de junio de 2012 a las 05:00 hrs.
Una tensa jornada se vivió ayer en Buenos Aires ante la decisión del gremio de los camioneros, liderados por Hugo Moyano, de iniciar un paro nacional de 72 horas en la rama de transporte de combustibles, que amenazó con alterar el abastecimiento de gasolinas, gasoil, productos químicos y gas.
La sorpresiva medida de fuerza, que repite la apuesta del moyanismo de golpear sobre los sectores sensibles y de mayor repercusión social como ocurrió la semana pasada con el paro en el transporte de valores, ahondó el malestar dentro de la administración kirchnerista, que lanzó fuertes advertencias contra el sindicato, desde la imposición de fuertes sanciones económicas, la posibilidad de quitarle la personería gremial y hasta la aplicación de la ley de abastecimiento para garantizar el suministro de gasolina.
Esto, en circunstancias que en las redes sociales se denunciaba escasez de combustible y que la misma agenda internacional de la presidenta Cristina Kirchner se veía alterada, por cuanto decidió adelantar su regreso al país desde Brasil, donde participaba en la cumbre de desarrollo sustentable Rio+20. La decisión fue confirmada por el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Luego de este anuncio, el gobierno conformó por la tarde un comité de crisis para adoptar medidas en torno a los bloqueos realizados por militantes del Sindicato de Camioneros en distintos puntos del país a plantas expendedoras de combustibles. La medida fue una orden expresa de la mandataria ante el cuadro de crisis.
De “la mesa de trabajo”, tal como lo calificó el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, participan además del referido funcionario: el secretario de Coordinación del mininsterio de Planificación Federal, Roberto Baratta; el vicegobernador bonaerense en ejercicio de la gobenación, Gabriel Mariotto; el ministro de Seguridad provincial, Ricardo Casal; así como representantes del Enargas, y de las Fuerzas de Seguridad.
Mariotto confirmó que se está llevando a cabo un operativo de restablecimiento del servicio de gas y combustible en diversas localidad, entre ellas Guaminí, a raíz del desabastecimiento.
“Es un paro irracional. Por eso estamos coordinando distintas acciones por las urgencias y los graves problemas de suministro de gas que existen en Guaminí, en principio, derivando camiones de gas licuado; por lo que a la noche (de ayer) estaría restablecido”, dijo.
A la vez, adelantó que “desde el sur salieron camiones para Orense y Claromecó, otras de las afectadas”. Acotó: “Hay que tomar conciencia que no se puede comprometer la vida de los ciudadanos con este paro en una Argentina que se ha recuperado y de pleno empleo”.
De hecho, en la tarde de ayer desde el gobierno se anunció que efectivos de gendarmería intervendrían las refinerías donde protestaban los camioneros.
Posición de camioneros
Luego de la huelga del viernes pasado y tras el fracaso de la negociación salarial del lunes, el Ministerio de Trabajo dictó en la madrugada del martes la conciliación obligatoria con el objetivo de evitar nuevas medidas de fuerza de los camioneros. No obstante, horas después el gremio anunció el inicio de un paro en el transporte de combustibles y bloqueó los accesos de las principales refinerías del país, desoyendo la medida dispuesta por la cartera laboral. Al respecto, desde camioneros explicaron que el sindicato decidió impugnar la conciliación por considerar que la medida fue resuelta antes de que se declarara formalmente una medida de fuerza. Ese argumento, sin embargo, fue rechazado desde la cartera laboral.
Camioneros reclama un alza salarial de 30% y el pago de una compensación de entre $ 3.000 y $ 4.000 por los descuentos generados por la aplicación de Ganancias y la exclusión del cobro de asignaciones familiares. En las negociaciones realizadas hasta ahora el sector empresario ofertó una suba escalonada de 21%, que fue rechazada por Moyano.
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