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Publicado: Martes 6 de febrero de 2018 a las 04:00 hrs.
Un escrito ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) interpuso la empresa Transanber donde cuestiona la defensa que hizo la ministra de Transportes, Paola Tapia, a la licitación del Transantiago. Esto en el marco de la suspensión que decretó el tribunal especializado y que congeló la apertura de las ofertas económicas tras la tramitación de la medida prejudicial solicitada por dicha empresa, por considerar que la adjudicación de vías incorporaba barreras de ingreso y falta de información.
La empresa califica de “inentendible y sin sustento” la postura de la ministra. Esto porque asegura que, contraria a la presentación del Consejo de Defensa del Estado en representación del MTT, la licitación no busca ampliar la presencia de operadores. Esto porque el número de actores se mantendría con la nueva licitación y reducir el tamaño de las zonas de concesión solo aumentaría la concentración de mercado de Metbus y STP.
El escrito también descarta que el costo de ampliar los contratos sea de US$ 3.400 millones, ya que la ley permite una ampliación máxima de 18 meses y no de ocho años como considera esta cifra.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.