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Publicado: Martes 6 de febrero de 2018 a las 04:00 hrs.
Un escrito ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) interpuso la empresa Transanber donde cuestiona la defensa que hizo la ministra de Transportes, Paola Tapia, a la licitación del Transantiago. Esto en el marco de la suspensión que decretó el tribunal especializado y que congeló la apertura de las ofertas económicas tras la tramitación de la medida prejudicial solicitada por dicha empresa, por considerar que la adjudicación de vías incorporaba barreras de ingreso y falta de información.
La empresa califica de “inentendible y sin sustento” la postura de la ministra. Esto porque asegura que, contraria a la presentación del Consejo de Defensa del Estado en representación del MTT, la licitación no busca ampliar la presencia de operadores. Esto porque el número de actores se mantendría con la nueva licitación y reducir el tamaño de las zonas de concesión solo aumentaría la concentración de mercado de Metbus y STP.
El escrito también descarta que el costo de ampliar los contratos sea de US$ 3.400 millones, ya que la ley permite una ampliación máxima de 18 meses y no de ocho años como considera esta cifra.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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