Cambio de escenario altera las prioridades en la agenda reformista de Bachelet

La orden fue perentoria: El gobierno no detiene su marcha. Fue lo que alcanzó a plantear la presidenta Michelle Bachelet a sus ministros el martes, a quienes les pidió que continuaran su tarea con especial presencia en terreno, de manera de mostrarse cercanos a la ciudadanía.

Golpeada por el impacto del terremoto político que había producido el caso en que se vio involucrado su hijo Sebastián Dávalos, que se traducía en la caída de su popularidad en las encuestas, el mensaje de la Presidenta fue que la situación no podía paralizar la acción gubernamental.

Pero eso no quiere decir que la decisión fuera desentenderse de las consecuencias políticas de este episodio, no sólo porque había dañado la legitimidad del gobierno en su lucha en contra de la desigualdad, sino porque sumado al caso Penta que retomaría todo su protagonismo esta semana, conformaban un cuadro en que debía asumirse que el sistema político en su conjunto había caído en una crisis de credibilidad.

Como admiten tanto en Palacio como entre personeros de la Nueva Mayoría, el escenario modificó la estructura de las prioridades reformistas del gobierno, por el consenso que se produjo de que el gran cambio estructural a que debían abocarse era crear una institucionalidad distinta para regular la relación política-dinero.

En La Moneda asumieron que no podían mantener la estrategia inicial de espectadores de la caída de la UDI por el caso Penta, en parte porque la arista SQM de éste comprometería a numerosos personeros del oficialismo que recibieron aportes de esa empresa para sus campañas, pero sobre todo, por las repercusiones que podía seguir teniendo el caso Dávalos-Caval, dados los antecedentes que dan cuenta de que el millonario negocio que provocó el remezón, no sería el único susceptible de cuestionamientos que ha realizado la empresa de la nuera de la Presidenta.

Aleuy se empodera

Luego del reconocido errático manejo inicial del gobierno para enfrentar un episodio que a todas luces los complicaría, cuando sin medir las consecuencias, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, intentó circunscribirlo a un tema de negocios entre privados -lo que debilitó fuertemente su imagen- fue el subsecretario de esa cartera, Mahmud Aleuy quién se empoderó para manejar la situación que amenazaba con escalar a niveles insospechados.

Con la experiencia política que nadie le desconoce, el personero socialista concentró sus esfuerzos en tratar de controlar los daños, realizando gestiones con todos los principales líderes políticos, con el propósito final de aunar criterios para buscar una salida a un problema al que si no se le reconocía su magnitud, no sólo el gobierno, sino toda la clase política terminaría seriamente dañada con las consecuencias que ello podría tener para la gobernabilidad.

En ausencia de Peñailillo, parte de su trabajo en calidad de ministro subrogante, fue tratar de alinear a los dirigentes de la Nueva Mayoría - muchos de los cuales no habían ocultado sus críticas públicas- para impedir que continuaran en esa línea, sobre la base de concordar en la necesidad de llegar a un acuerdo que fuera el sustento para una gran reforma tendiente a establecer transparencia en la relación de la política con los negocios.

Para Aleuy, tal como se lo transmitió a sus interlocutores tanto de todo el espectro político como también de otros ámbitos que estimaba que debían sumarse, como los líderes empresariales, se está frente a una crisis institucional, que para superarla, requería aunar esfuerzos.

Fue en ese cuadro que la presidenta Bachelet, tras enfrentar la situación con sus declaraciones que, o bien merecieron críticas, o se consideraron insuficientes, le encargó a su equipo político que le presentara un camino de solución, en un encuentro al que decidió sumarse el ministro Peñailillo interrumpiendo sus vacaciones, aunque las retomó ese mismo día, quedando al mando de su reemplazante la conducción del tema.

La situación de Peñailillo

En este escenario, una de las dudas que se han generado es el posible debilitamiento del jefe de gabinete, que hasta ahora aparecía no sólo como el hombre todopoderoso de La Moneda, sino como el adalid del cumplimiento de la agenda reformista de Bachelet.

Una incertidumbre que se afirma en que las críticas a su desempeño que planteó sin anestesia el ex senador y candidato a presidir el PS, Camilo Escalona, son compartidas en amplios sectores del oficialismo. No pocos, además, parten del supuesto que si la Presidenta aseveró que se enteró del problema por la prensa mientras estaba en Caburga, se debería a que Peñailillo no fue lo suficientemente diligente para transmitirle la trascendencia de lo que estaba pasando. Incluso se comenta entre pasillos, que la afirmación de Bachelet - que no estaba en la declaración que entregó a su regreso- fue un reconocimiento implícito de la falta de contacto con su ministro del Interior.

En La Moneda, en todo caso, desestiman que su poder esté debilitado como creen unos o aspiran otros, puesto que la Presidenta continúa reuniéndose permanentemente con él, sin perjuicio de que se afirma que ha estado más abierta a considerar otras opiniones para decidir cómo enfrentar la crisis.

Como sea, en los últimos días Peñailillo retomó la conducción del equipo, en que su primera gestión fue reunir a los presidentes de partido a quienes les transmitió la necesidad de blindar a la mandataria, para luego encabezar el comité político en que se acordó respaldar las gestiones iniciadas por Aleuy en la línea de buscar e un acuerdo transversal, lo que se tradujo en el anuncio de crear una comisión de expertos para que haga una propuesta tendiente a cambiar la institucionalidad que rige las relaciones entre el mundo del dinero con la política.

Urgencia de la comisión

Por ahora es un hecho que La Moneda logró contener las críticas, tanto de sus partidarios, como asimismo de la oposición, que sabía que el caso Penta la pondría nuevamente en el foco de los cuestionamientos.

La idea de formar una comisión con personeros que no sean actores políticos, sino más bien de otros estamentos como los centros de estudio, representantes de mundo empresarial e incluso la Iglesia, surgió por la necesidad de darle más credibilidad a una propuesta que no surja de quienes son los afectados.

En esa línea, la fórmula encontró acogida en el mundo político, donde sin embargo están expectantes tanto respecto a los nombres que la integrarán, como al mandato que recibirá, pero especialmente respecto a los plazos que se le impondrán, porque existe coincidencia en que sea una solución que al menos aplaque la crisis de credibilidad, no puede aparecer como una salida a la que no se le ha dado la importancia, ni tampoco la urgencia que requiere.

En el gobierno están conscientes de ello, al reconocer que es su tarea prioritaria, que incluso los obligará al menos a posponer la agenda de reformas que se planeaba impulsar a partir de este mes, lo que confirma, entre otras cosas, la postergación de los proyectos pendientes relacionados con los cambios en Educación.

Es que en La Moneda asumieron que lo más importante a estas alturas es recuperar la credibilidad de los políticos, antes de continuar con un plan reformista tal como estaba concebido, teniendo en cuenta que tampoco la Presidenta tiene su capital político intacto como para exigir que se cuadren con sus propuestas, sin antes abocarse a la gran reforma que podría superar la crisis.