El proyecto de modernización tributaria que prepara el gobierno está casi listo. Quedan detalles por afinar, pero no por eso son menos importantes. Uno de los principales es la manera en que tributará la denominada economía digital.
El proyecto incluirá un nuevo impuesto específico a plataformas como Netflix, Airbnb y Spotify, además de gravar con IVA a otras aplicaciones y aumentar los controles aduaneros para empresas de e-commerce como Amazon y AliExpress, entre otros.
El socio líder de Tributación Internacional de KPMG Chile, Rodrigo Stein, plantea que la tarea no es fácil para las autoridades, ya que la experiencia internacional muestra que no hay un consenso en la materia, con recomendaciones de organismos como la Unión Europea y la misma OCDE.
“Es un asunto que debe ser debatido con detención. Junto con reconocer el problema y necesidad de cambios en la materia, debemos contar con un sistema tributario que contribuya al desarrollo de la economía. Esto último requiere que las propuestas aprobadas minimicen las distorsiones de las decisiones de inversión, el riesgo de doble tributación internacional, excesiva complejidad y el uso de la política tributaria como una herramienta proteccionista”, asegura.
- ¿Cuáles serán los principales nudos en la regulación?
- Primero, es necesario hacerse la pregunta de si efectivamente la economía digital presenta un desafío tan relevante en materia de impuestos, que justifica una regulación especial que resulte en establecer o crear impuestos de especial aplicación para un sector específico, distintos a los impuestos que se aplican como regla general a todos los contribuyentes.
El consenso internacional sobre la materia pareciera ser que existen desafíos o riesgos importantes, tales como el riesgo de erosión de la base imponible o elusión; la reducción de la recaudación; la competencia desleal entre empresas digitales y negocios tradicionales; que las empresas digitales deben pagar un monto de impuesto que sea justo; y el establecer impuestos donde existe creación de valor.
La complejidad de estos desafíos resulta en que la OCDE haya concluido recientemente que no existe acuerdo entre los países miembros sobre la necesidad de cambiar la tributación aplicable a la economía digital, acordando solamente de continuar el trabajo en el análisis de los nuevos modelos de negocios y de la forma cómo el sistema tributario debe abordarlos.
Resguardos: no afectar la inversión ni poner una carga muy alta
El experto pone énfasis que más allá del tipo de tributo que se establezca en la reforma (IVA o un nuevo gravamen específico), lo importante es que se aborden una serie de materias.
Por ejemplo, enumera que en el debate debe considerarse el impacto que un impuesto de esta naturaleza puede tener en la inversión, innovación y crecimiento de la economía; y las consecuencias de que el gravamen se aplique sobre la base de pagos y no de utilidades, “que generalmente producen distorsiones en las decisiones económicas y pueden generar un impacto negativo en la economía”.
También, llama a no dejar de lado el “potencial” efecto económico de nuevos impuestos sobre los consumidores y empresas.
“¿Puede un nuevo impuesto generar una carga tributaria injusta o desproporcionada, considerando que las empresas digitales desarrollan su actividad en numerosos países al mismo tiempo?”, se pregunta.
- ¿Cuál debiera ser el modelo a seguir entonces?
- Deben abordarse cuidadosamente las cuestiones planteadas a la hora de diseñar dicho modelo. Existen países que han adoptado algunas medidas unilaterales, como la creación del concepto de establecimiento permanente “virtual”, la ampliación de tipos de pagos que están sujetos a impuestos a retención en la fuente, introducción de impuestos sobre ventas o ingresos brutos para sectores o tipos específicos de transacciones digitales y medidas a las grandes multinacionales que operan en la economía digital, como el impuesto BEAT introducido en Estados Unidos.
- ¿Quién debiese ser el agente retenedor para el pago del IVA? ¿La tarjeta de crédito bancaria?
- Esta es una cuestión relacionada con la administración del impuesto que debe también diseñarse cuidadosamente, para minimizar lo más posible el costo de cumplimiento y fiscalización de reglas que de por sí pueden resultar complejas y de difícil aplicación.
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