Más de 21 mil atenciones han sido canceladas desde que comenzó el paro nacional de los trabajadores del sector público, el miércoles 26 de octubre. Desde esa fecha, toneladas de basura se han acumulado en las calles y millones de trámites han sido postergados. Son las consecuencias que ha provocado la movilización en la ciudadanía y también en la actividad económica.
De hecho, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) señaló tener importaciones detenidas en los puertos y mermas en las ventas, producto de las marchas, especialmente en la capital.
Desde la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile aseguran que han realizado turnos de contingencia, además de tener una “atención prioritaria” para las mercancías perecibles, las cargas peligrosas, como químicos y combustibles; y los cargamentos críticos, como medicamentos. “Tener importaciones detenidas es un costo de la paralización”, expresó el presidente de la organización, Marcelo Reyes.
Uno de los rubros más afectados ha sido el salmonero, ya que debido a la menor atención que está realizando Aduanas, al menos 40 contenedores diarios no pueden ser enviados, afectando a consumidores de Japón y Estados Unidos, dijo el gerente general de SalmonChile, Felipe Manterola, a El Llanquihue.
Esto podría traer nuevas consecuencias si se extiende la movilización -que inicialmente era por 48 horas-, dado que la cadena de producción se podría ver copada respecto de los lugares donde llevar las cosechas, produciendo un riesgo sanitario.
Alerta sanitaria
Dos de los focos más preocupantes de la paralización del sector público es la falta de atención médica en consultorios y hospitales, y la acumulación de toneladas de basura en las calles de diversas ciudades del país. Para atender ambos problemas, el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria en las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana, para disponer de recursos y facultades extraordinarias, que permiten contratar personal extra y adquirir equipos de forma directa.
“Las consecuencias de esta paralización no las está pagando el gobierno ni los dirigentes de los funcionarios públicos, las están pagando los ciudadanos y eso nos parece tremendamente delicado”, sostuvo el ministro vocero del Ejecutivo, Marcelo Díaz, quien aclaró que el diálogo de La Moneda para solucionar el conflicto con la Mesa del Sector Público es “con los partidos y los parlamentarios”.
La postura de La Moneda fue calificada como “un grave error” por el vocero de los empleados públicos, Esteban Maturana, quien señaló que “los actores principales de este conflicto somos los trabajadores” y que la Nueva Mayoría “perdió su oportunidad de ser interlocutor válido cuando desalojó las tribunas de la Cámara de Diputados, la tarde de este martes”.
Además, fustigó al gobierno por cuestionar la paralización de los funcionarios del Estado. “Esta administración no ha hecho nada por generar un marco normativo para la negociación colectiva y la huelga de los empleados públicos”, expuso.
Una deuda pendiente
En la negociación de reajuste del sector público de 2014, el gobierno se comprometió a enviar, en septiembre de 2015, un proyecto para regular la negociación y huelga del sector público, para cumplir con el Convenio 151 de la OIT. Sin embargo, hasta la fecha eso no ha ocurrido y desde el Ministerio del Trabajo reconocen que “no hay ningún avance en la materia”.
Desde el Congreso llamaron al gobierno a no postergar más este debate. “Es importante establecer un procedimiento de negociación colectiva reglada y con plazos, para regular, por ejemplo, el funcionamiento de servicios mínimos”, indicó el diputado de la DC de la comisión de Trabajo, Matías Walker.
El legislador de la misma instancia, Patricio Melero (UDI), concordó: “Es un tema donde hay consenso para establecer la negociación colectiva en el sector público y no ha existido la voluntad política de hacerlo”.
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