Concluida la ceremonia de promulgación de la nueva ley electoral que modificó el binominal, se restableció la polémica en torno al financiamiento de esta normativa. Ello, porque desde la oposición insisten en que el aumento de senadores y diputados, de 38 a 50 y de 120 a 155 respectivamente, tiene que significar un costo adicional para el Estado. Un aspecto que el gobierno y el propio ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, volvió a descartar.
Sobre el tema, el jefe de gabinete explicó que el aumento de parlamentarios "no irroga gasto, porque hasta hace pocos años había 49 senadores, entre vitalicios y designado(...) y ese presupuesto nunca se reingresó a las arcas para otros fines, del Estado, sino que se mantuvo en el Congreso".
En ese contexto, el secretario de Estado se mostró confiado en que en la Cámara Alta "no debiéramos tener problemas"; mientras que en la Cámara Baja "tenemos tres años para hacer las reasignaciones necesarias para que 35 nuevos diputados puedan ocupar los escaños que corresponda. Este es un esfuerzo que tiene que hacer el Poder Legislativo", sentenció el jefe de gabinete.
Merma dolorosa
El tema del financiamiento de la "histórica" normativa fue abordado por la mayoría de las autoridades que asistieron a la ceremonia en el Patio de Los Naranjos de La Moneda. Pero el único que reconoció que la implementación de esta normativa provocará una "merma dolorosa" fue el presidente del Senado, Patricio Walker (DC).
"Cuando hay recursos propios del Congreso, cuando hay recursos que hoy día existen para pagar asignaciones parlamentarias, para desarrollar el trabajo de los parlamentarios, por ejemplo, en el territorio que uno representa, con oficinas, con personas contratadas, es muy probable que ahí se produzca una merma, que va a ser dolorosa", explicó, aludiendo al hecho de que para que la normativa no signifique un mayor gasto para el Estado "hay que buscar reasignación o reducción", apuntando especialmente a las dietas parlamentarias.
Ello siempre a partir de que el compromiso del gobierno, en esta ley, implica que no significará el desembolso de mayores recursos para el erario nacional y que, por lo tanto, "tiene que ser financiado con recursos existentes".
Aclaración de sus dichos
Más tarde, el senador aclaró sus dichos para que no se interpretaran como un eventual anuncio de despidos. A través de un comunicado, descartó de plano que producto de la implementación de la nueva ley electoral, en tres años más, se vaya a producir despidos en el Congreso: "Jamás he señalado que se despedirán trabajadores de la planta del Congreso Nacional", sentenció.
Mientras tanto, desde la oposición insisten no sólo en que "éste es un traje absolutamente a la medida para el gobierno de turno" -como señaló el vicepresidente de RN, Luis Mayol, concluido el acto-, sino también que inevitablemente el gobierno deberá poner más recursos.
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