La apuesta de los miembros de Alta Dirección Pública (ADP) para zanjar la polémica con el Consejo para la Transparencia sobre la confidencialidad de los datos de los postulantes a cargos del Estado, es que el Congreso apruebe el proyecto de ley que establece un plazo de reserva de información de 10 años, contados desde el inicio de cada poceso de selección.
Es más, en la iniciativa legal se postula que la “Dirección Nacional del Servicio Civil -de la cual depende la ADP- deberá poner a disposición de los participantes, y de la ciudadanía en general, un resumen ejecutivo de los procesos de selección y de la historia curricular de los candidatos entevistados por el Consejo o por los comités respectivos”, cuidando que “no pueda inferirse de dichos antecedentes la identidad de los postulantes”. Dicho resumen ejecutivo, se agrega en el proyecto, “deberá publicarse terminado cada proceso de selección en el sitio web de la dirección del Servicio. Finalmente, la inciativa legal busca dar facultadades para la creación y entrega de información estadística para evaluar la calidad y eficiencia de la gestión, diseñada de modo de no violar la confidencialidad de los postulantes”.