En una tensa jornada, la Sala de la Cámara discute este martes la acusación constitucional presentada por el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (PR) en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, cuyo quorum corresponde sólo a la mayoría de los diputados presentes. Aunque el abogado defensor Patricio Zapata decidió iniciar apelando a la “cuestión previa”, planteando que la acusación “no es apta” para continuar su tramitación, con el fin de evitar entrar al fondo. Sin embargo, esta fue rechazada por la mayoría de la corporación.
A Grau se lo acusa, en cuatro capítulos, de haber infringido la Constitución y las leyes respecto de los deberes de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública y en la gestión financiera del Estado; haber infringido la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, por vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado; haber vulnerado el principio de universalidad presupuestaria; y, de haber vulnerado el deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.
El extitular de Hacienda arriesga la destitución inmediata del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante cinco años, luego que se pasara al fondo de la acusación al ser rechazada la cuestión previa por 83 votos, frente a 61 que optaron por aprobarla y dos abstenciones.
Desde las 10:15 de la mañana comenzó el estudio de la acusación, para lo cual el abogado defensor Patricio Zapata optó por invocar la llamada cuestión previa, para evitar entrar al fondo, en el caso de que los diputados se inclinarán por aprobarla. La cuestión previa se hace necesaria debido a que “la acusación tiene problemas serios, tan serios, que corresponde que esta Cámara señale que no es apta para continuar”, argumentó Zapata.
“Corazón” de la acusación
El jurista, incluso, apeló al reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para indicar que después de este documento se hace innecesaria la acusación, señalando que “la acusación cita al CFA, al FMI y al primer informe trimestral de este gobierno” para fundar sus reproches. Sin embargo, “ayer (lunes) el CFA señala ‘el análisis efectuado no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP del cuarto trimestre de 2025, los cuadros de fuentes y usos de financiamiento de los IFP son internamente consistentes y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables’”.
Por lo que a juicio del abogado “este era el corazón de la acusación constitucional”, en alusión a que después de la cita del CFA no se sustenta el libelo y, hacia el final, Zapata recordó que, si Grau es sancionado, no podrá ejercer la docencia por cinco años, en la Universidad de Chile, su alma mater.
Tras la exposición de Zapata, intervinieron los integrantes de la Comisión Revisora, iniciando la presidenta de la instancia, la diputada radical Marcela Hernando; seguida por los otros cuatro integrantes, donde dos de ellos, Alejandro Bernales (PL) y Carlos Bianchi (indep. PPD) -además de Hernando-, plantearon al igual que en la comisión sus posturas contrarias a la acusación; mientras que los oficialistas Joanna Pérez (demócratas) y el republicano Luis Sánchez, también mantuvieron sus posturas, de abstención y de respaldo al libelo acusatorio, respectivamente.
Cabe mencionar que, además de pareos y permisos por viajes, en la sesión de este martes abundaron las licencias médicas, aunque las que más llaman la atención son los casos de los diputados del Partido Republicano Macarena Santelices, que presentó una licencia médica entre los días 22 y 24 de junio por “impedimento grave” o José Meza, quien entre el 22 y 24 de junio hace uso del “permiso parental”; el diputado libertario Erich Grohs que goza de licencia médica desde el 22 de junio al 01 de julio por “impedimento grave”.
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