Limitar el uso de la UF es uno de los temas que hoy está siendo analizado en el Parlamento.
Cuando restan tan solo 38 días para la elección presidencial y parlamentaria, los distintos candidatos a La Moneda hacen especial énfasis en algunos temas que estiman podrían volcar a la ciudadanía hacia su respectiva opción. Ese es el caso también de la candidata del oficialismo más la Democracia Cristiana (DC), la comunista Jeannette Jara, quien, sin embargo, tiene entre su oferta iniciativas que encuentran evidentes similitudes con proyectos que ya están ingresados en el Congreso y que ya están en tramitación.
Una de estas propuestas más recientes, que figura en el anexo del programa conocido esta semana, tiene un gran parecido a un proyecto ingresado recientemente a trámite en la Cámara Baja. En el marco de la “inversión en infraestructura para un desarrollo inclusivo y sostenible”, Jara apunta a los puertos y su compromiso es el de que “avanzaremos en la tasa portuaria como mecanismo de compensación territorial que, resguardando la competitividad de nuestras exportaciones, permita a las ciudades portuarias financiar su desarrollo de manera sostenible frente a los impactos urbanos y ambientales que conlleva su rol en el comercio exterior”.
Mientras, alojada en la Comisión de Constitución de esta Corporación se encuentra la moción parlamentaria, promovida por diputados oficialistas -particularmente del Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS)-, que es una reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer un royalty portuario.
La iniciativa establece “una compensación en favor del Estado por el uso de los terminales marítimos del territorio nacional, equivalente a un dólar estadounidense por tonelada transferida, que deberá ser pagada por las empresas navieras de transporte marítimo de carga, usuarias de los terminales marítimos”. Y precisa que “en el caso de los puertos terrestres, la compensación será pagada por los importadores y exportadores”.
Negociación por sector productivo
En lo que dice relación con “mejores condiciones de trabajo, la candidata comunista se compromete a avanzar en “la dirección de establecer una negociación multinivel, mirando el futuro del trabajo, tomando en cuenta la heterogeneidad de nuestra economía y, especialmente, las condiciones de las empresas de menor trabajo”, sin más detalle.
Por otro lado, también poco antes de la última Cuenta Pública del Presidente Boric, un grupo de diputados oficialistas -principalmente comunistas- ingresó un proyecto en la misma línea de la propuesta de Jara. Es una reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para garantizar el derecho a la negociación colectiva por rama o sector productivo, que se encuentra desde el 03 de junio en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
La iniciativa establece que “la negociación colectiva es un derecho de las y los trabajadores, debiendo garantizarse su ejercicio en todos los niveles, tales como la empresa y la rama de actividad o sector productivo que corresponda”. Y agrega que “la ley establecerá las modalidades de negociación colectiva y sus requisitos a nivel de empresa y a nivel de rama de actividad o sector productivo, con el fin de lograr en ellas una solución justa y pacífica”.
Además, plantea que “la ley señalará también los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella”.
La polémica UF
Otra medida anunciada por la candidata dice relación con que “restringiremos el cobro en UF en la salud, educación y arriendo de inmuebles”. Y añade que “restringiremos el cobro en UF, u otra medida reajustable, para fijar contratos salud, educación, arriendo de inmuebles y otros servicios no financieros (no se innovará respecto a la situación actual en contratos financieros como créditos hipotecarios y otros)”.
Esta propuesta apunta al mismo objetivo de un proyecto que también se discute en la Cámara Baja y que, de todos los mencionados, es el que está más adelantado. Se trata de una iniciativa oficialista, liderada por el diputado socialista Daniel Manouchehri y que se encuentra en espera de ser votado por la Sala, luego que la Comisión de Economía de la Corporación lo despachara aprobado.
La moción parlamentaria “modifica diversos cuerpos legales para eliminar la Unidad de Fomento como sistema de reajustabilidad en casos que indica”, aludiendo exactamente a restringir su uso en los mismos ámbitos sugeridos en el programa de Jeannette Jara; es decir, salud, educación y arriendo de inmuebles. Ya que aunque en un comienzo contemplaba los créditos hipotecarios, finalmente Manouchehri optó por no insistir en ello, tras un acuerdo con el Gobierno, según señaló a DF.
De todos es el que más ha avanzado, si bien estaba en tabla para ser votado el martes recién pasado, ahora está en calidad de pendiente y se pronostica que podría seguir así por mucho tiempo e incluso ser rechazado, si se vota, pues la oposición se resiste a apoyarlo.
Interrupción voluntaria del embarazo
Por último, está la que dice relación con la interrupción voluntaria del embarazo, que algunos definen como “aborto libre”. Tema que está generando fisuras en el comando oficialista, puesto que no es compartido institucionalmente por la Democracia Cristiana (DC). El matiz de esta propuesta es que el programa se hace cargo de la iniciativa del Gobierno que ya está en el Congreso y que también provocó un fuerte rechazo desde la derecha hasta la DC, cuando lo ingresó el Ejecutivo a pocas horas de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric ante el Congreso Nacional.
El mensaje que regula la interrupción voluntaria del embarazo, y se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara con urgencia simple, establece que “podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la mujer embarazada” y que “el Estado implementará las medidas necesarias para garantizar el acceso en el más breve plazo a la prestación de interrupción voluntaria del embarazo y a la información veraz, completa y objetiva sobre la regulación, los derechos y condiciones para acceder a dicha prestación”.
Así, la candidata Jeannette Jara se hace cargo de este proyecto y en su anexo de programa señala que “daremos continuidad a la tramitación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce, promoviendo un diálogo respetuoso y pluralista que permita avanzar en igualdad de derechos para todas las mujeres del país”.
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