A la Comisión de Constitución de la Cámara fue destinada, este martes, la moción que modifica la Carta Fundamental para establecer un royalty portuario, que establece una compensación en favor del Estado por el uso de los puertos, equivalente a un dólar estadounidense por tonelada transferida, que deberán pagar las empresas navieras de transporte marítimo de carga; y en el caso de los puertos terrestres, la compensación deberá ser pagada por los importadores y exportadores.
La reforma constitucional es una propuesta de los diputados oficialistas Luis Cuello (PC), Diego Ibáñez (FA), Daniel Manouchehri (PS), Matías Ramírez (PC), Juan Santana (PS), Cristián Tapia (indep. PPD), María Candelaria Acevedo (PC), Karol Cariola (PC), Nathalie Castillo (PC) y Daniella Cicardini (PS).
La propuesta establece que “con el objeto de promover la descentralización y el desarrollo de las regiones y ciudades puerto, establécese una compensación en favor del Estado por el uso de los terminales marítimos del territorio nacional, equivalente a un dólar estadounidense por tonelada transferida, que deberá ser pagada por las empresas navieras de transporte marítimo de carga, usuarias de los terminales marítimos”.
Recursos para las comunas
Y añade que “en el caso de los puertos terrestres, la compensación será pagada por los importadores y exportadores”. Según la iniciativa, el 50% de los recursos recaudados ingresarán al presupuesto de las comunas de localización de los terminales marítimos y el 50 % restante se ingresará al presupuesto del respectivo Gobierno Regional.
Además, la reforma constitucional propone que los recursos recaudados a través de este arancel serán destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educacional, de salud, patrimoniales, de transporte y otras obras de desarrollo comunal o regional.
El impuesto se aplicará de forma gradual, ya que, según el texto
, durante el primer año de vigencia de la norma, detalla el proyecto, la compensación ascenderá a 33 centavos de dólar estadounidense por tonelada; a partir del segundo año, ascenderá a 66 centavos de dólar estadounidense por tonelada; y, a contar del tercer año entrará en vigencia la compensación establecida en su totalidad.
Cabe mencionar que esta iniciativa se adelanta a la llamada "tasa portuaria" propuesta en el programa de gobierno de la candidata presidencial comunista Jeannette Jara, la que se aplicaría como “mecanismo de compensación territorial que, resguardando la competitividad de nuestras exportaciones, permita a las ciudades portuarias financiar su desarrollo de manera sostenible frente a los impactos urbanos y ambientales que conlleva su rol en el comercio exterior”.