Luego que la semana pasada la oposición anunciara una acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, quien salió del gabinete por la responsabilidad que le cupo en los errores que provocaron el excesivo aumento de las cuentas de la luz, la oposición ingresó esta tarde, poco antes del inicio de la Sala a las 17:00 horas, el documento que de aprobarse en todas sus etapas podría dejar fuera de la vida pública al exsecretario de Estado por cinco años.
El documento de 40 carillas, fue suscrito por 11 diputados de oposición: los RN Frank Sauerbaum,  Carla Morales y Eduardo Durán; los UDI Henry Leal, Juan Manuel Fuenzalida y Juan Antonio Coloma; los republicanos Juan Irarrázaval y Cristián Araya; Francisco Undurraga (Evópoli), Jorge Saffirio (demócratas)y Pamela Jiles (indep.).
La acusación constitucional se fundamenta, según el documento, en que el exministro habría “infringido la Constitución y las leyes”; y para ello se vale de dos capítulos acusatorios.
Según el primer capítulo, el exministro de Energía Diego Pardow habría infringido la probidad administrativa,” especialmente respecto de sus obligaciones de eficiencia y eficacia”, con ocasión de la expedición del decreto tarifario que fijó los precios de la electricidad desde enero de 2024.
En relación a esta etapa, los acusadores señalan que a la “negligente actuación” del exministro debe sumarse el efecto de “encarecimiento general que conlleva esta alza del valor de la electricidad, la que es un insumo presente en una mayoría de bienes, productos y servicios y que además -intermediada por la variación del IPC-, es también considerada para calcular la
Unidad de Fomento (UF)”.  A este respecto añade el texto que lo anterior “implica que otros servicios o bienes, como créditos y contratos reajustables, también se encarecieron de manera equívoca, siendo actualmente casi imposible calcular y restituir estos perjuicios”.
Los diputados también hacen ver, en la acusación, que la fijación errónea de los precios “impactó en el reconocimiento de la deuda que favorecía a las empresas eléctricas tras el congelamiento de tarifas ocurrido en 2019”; por lo que, “al calcular los montos que debían restituírseles, se emitieron validaciones de deuda erróneos que se seguirán pagando por varios años más”.
Segundo capítulo: Transelec
El segundo capítulo acusatorio sostiene que el exsecretario de Estado infringió también el principio de probidad administrativa al omitir actuaciones que corrigieran sobrecargos en el precio de la electricidad, producidos tras una valorización errónea del capital de Transelec. A propósito de lo informado por la propia empresa.
Esta omisión contraviene de igual manera la probidad administrativa en sus fases de eficacia y eficiencia, señala la acusación, a la vez que “implica una inacción impropia y en contra de las normas que obligan al ministro dirigir la cartera ministerial respectiva, liderar el sector energía y propender a una coordinación de las normas y políticas del mismo sector”.
Por último, la Comisión Revisora encargada de analizar el libelo acusatorio estará compuesta por las diputadas oficialistas Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (FA)y los diputados Jaime Mulet (FRVS), Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN).