La semana pasada, todo hacía pensar que la renuncia del ahora exministro de Energía Diego Pardow lo libraría de la acusación constitucional anunciada, entonces, por la UDI. Efectivamente, la salida del gabinete desactivó la idea que, sin embargo, comenzó a tomar fuerza nuevamente, luego que se comenzaran a conocer más antecedentes de lo ocurrido no sólo con el error en el cobro de las cuentas de la luz, sino también en el reconocido por la empresa Transelec.
Así las cosas,
esta semana Renovación Nacional (RN) reflotó la posibilidad de una acusación constitucional contra el exministro. Medida que se puede aplicar debido a que, según se expresa en el artículo 52 de la Constitución, respecto a las atribuciones exclusivas de la Cámara, las acusaciones contra un ministro –y otras autoridades- se pueden interponer mientras esté en su cargo y hasta “en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo”.
En general, como parecía que ocurriría también en este caso, el anuncio de las acusaciones constitucionales suele quedar sin efecto, cuando el afectado renuncia al cargo. No obstante, en esta ocasión la bancada de diputados de RN está evaluando seguir adelante con la presentación de esta medida fiscalizadora.
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Así lo confirmó el jefe de la bancada de RN, diputado Frank Sauerbaum, señalando que en la colectividad se está recabando información y coordinándose con otras bancadas de oposición, para evaluar la presentación formal de la acusación.
“Es evidente que se ha ido sumando nueva información que nosotros como oposición estamos recabando para evaluar una posible acusación constitucional en contra del exministro Pardow”, confirmó el legislador”.
Según detalló, el mecanismo fiscalizador se aplicaría “por el intento evidente de ocultar la información”, por un lado; y, por otra parte, debido a que “Transelec ha dejado claramente establecido que en el mes de octubre ellos tuvieron reunión con el ministerio, advirtiendo de esta situación y que ellos estarían disponibles para devolver casi US$ 150 millones, cosa que el Gobierno tampoco hizo. Por lo tanto, la responsabilidad no se puede eludir”.
Realismo político
Sin embargo, Sauerbaum también aclaró que “en un ejercicio de realismo político”, la bancada analizará si es que cuenta con los votos para sacar adelante la iniciativa. Por lo que en definitiva, el diputado subrayó que “en base a todos estos antecedentes, más la realidad política que hoy día estamos viviendo, vamos a evaluar la presentación de una nueva acusación constitucional”.
En todo caso, en RN tienen la convicción de que “la renuncia de Pardow no borra el daño ni la falta de gestión que ha quedado en evidencia”, por lo que buscan que se asuma la responsabilidad política y se haga una reparación efectiva a los consumidores afectados, señala el diputado.
Desde Renovación Nacional recalcaron que el episodio de los cobros indebidos en las cuentas de la luz ha dejado en evidencia un grave error de gestión, falta de transparencia y una ausencia total de control político, por parte del Gobierno de Gabriel Boric, que intentó minimizar el impacto de un error que afectó directamente el bolsillo de millones de chilenos. “Aquí no se trata solo de corregir una tarifa, sino de recuperar la confianza pública y garantizar que quienes tomaron decisiones erradas rindan cuentas”, concluyeron desde la bancada RN.
¿Dudas del oficialismo y respaldo de la DC?
En el oficialismo, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) intenta dar por cerrado el debate acerca de la eventual acusación constitucional, recordando que el exministro de Energía, Diego Pardow, renunció y al encargado de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mansilla, también se cesó de su cargo.
“Aquí, se han ejercido todas las responsabilidades políticas que cabían. Lo que debemos tener claro es cómo se deben hacer los cálculos de nuevo y cómo se va a reponer lo que se cobró en exceso a miles de hogares chilenos, mediante una rebaja al cobro de tarifas, entiendo que a partir del mes de enero próximo”, planteó el senador oficialista.
Tras lo cual, agregó que la restitución a los usuarios hay que hacerla a la brevedad, “de manera transparente y las empresas también deben colaborar en esto”.
Sin embargo, el diputado Cristián Tapia (indep. PPD), quien integra la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, se ve menos dispuesto a dar vuelta la página, aunque plantea que en RN “se están adelantando”, ya que –desde su punto de vista- tras su salida, insisten en acusar a Pardow “sin todavía tener los elementos claros, mediante una investigación”.
Sin descartar de plano la posibilidad de apoyar una acusación, Tapia apunta a responder una serie de incógnitas, como “¿quiénes son los responsables de este tremendo error que se cometió, al cobrar más de lo que corresponde?”.
A partir de esto, el diputado aboga por una investigación, aun cuando señala que primero hay que aclarar cuál es el monto de lo que se cobró demás y cuándo se le va a devolver la plata a los usuarios; y, “luego buscamos las responsabilidades técnicas y las responsabilidades políticas".
Mucho menos ambigua es la
postura del segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, el DC Eric Aedo. El legislador está convencido de que “la información que conocemos es grave”; por lo tanto, “si, efectivamente, el exministro Pardow sabía que Transelec estaba cobrando de manera indebida más de US$ 100 millones a sus clientes, entonces aquí hay un problema serio”, advierte.
Tanto es así que, el diputado falangista, asegura que más allá de la renuncia del exsecretario de Estado, con lo ocurrido “se configura la situación para que avance en una acusación constitucional”. Ello, en el contexto de que “habría tenido información de que se le cobraba a los clientes de más, por parte de Transelec; y no hubo una acción de su parte. Y que, además, ocultó esta información, es suficiente motivo para acusarlo constitucionalmente, aun cuando ya no esté en el cargo”.
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