Una nueva jornada de tramitación del proyecto de reajuste del sector público se vivió este lunes en la Comisión de Hacienda del Senado. La iniciativa establece un 3,4% de aumento, dividido en 2% en diciembre de 2025, lo que implica que se pagará de manera retroactiva, y 1,4% en junio de este año.
Durante la tarde, se produjeron intensas negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición a fin de que la propuesta fuera despachada de la instancia y quedara en condiciones de ser votada por la Sala de la corporación este martes.
La situación se hizo más difícil para el Gobierno, luego que en la jornada de la mañana la contralora Dorothy Pérez levantara una preocupante alerta en el contexto de las provisiones a que se podría recurrir para conseguir el financiamiento para el reajuste.
La autoridad fiscalizadora advirtió que tales provisiones no son sólo para esta política pública, sino también para cubrir otras emergencias y que “cuando uno alude a líneas de presupuesto con las cuales uno financia habitualmente emergencias, atendida la emergencia que estamos viviendo en el sur del país (...), probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para cubrir esa situación. De manera que no estarían esos fondos disponibles para cubrir la ley de reajustes".
Transcurridas alrededor de dos horas y media de negociación, para que la comisión volviera y sólo lograra votar en general, si bien se aprobó por tres a favor y los votos en contra de la UDI y RN, la presidenta de la instancia, senadora Ximena Rincón (demócrata), aclaró que sólo aprobó la iniciativa para que se pudiera discutir. Pero, alcanzaron a votar un par de artículos en particular y dado que para nadie estaba clara la forma de votación, se volvió a suspender la sesión.
Pese a ello y al largo tiempo de negociación, el panorama no cambió demasiado. Por lo pronto, con la esperanza de que la oposición se allanara a aprobarlo, el Ejecutivo optó por separar en dos indicaciones la norma sobre “confianza legítima” que, desde su punto de vista, protege la estabilidad laboral, dejando en una indicación el tema de la fundamentación del despido del funcionario a contrata y, por otro, el plazo para reclamar dicho despido que el Ejecutivo dejó en cinco años. No obstante, la oposición -con mayoría en la instancia- rechazó ambas indicaciones, junto con ello el sector rechazó la norma que obliga a los funcionarios de confianza a renunciar a más tardar el 11 de marzo de 2026.
No obstante, junto con el reajuste, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó los artículos que le otorgan a los funcionarios públicos los aguinaldos y bonos que contempla el proyecto. Lo propio ocurrió con los artículos relacionados con el aporte del Estado al empleador para el pago de las cotizaciones, según el acuerdo alcanzado en la reforma de pensiones.
Tarea para la Dipres
También se acordó con el Ejecutivo y, por tanto, se aprobó postergar la capitalización del BancoEstado para la próxima administración.
Además, se dio luz verde -por unanimidad- a la indicación de la oposición respecto de que la Dipres deberá informar a más tardar el 30 de junio del próximo año al Congreso respecto del costo efectivo de la Ley de Reajuste, si hubiera diferencias negativas entre el financiamiento contemplado en la ley y el costo anterior determinado, el organismo deberá informar las medidas de reasignación.
Y después de mucho debate y de la reformulación de las indicaciones del Ejecutivo en esta materia, se aprobó el articulado que habilita a los gobiernos regionales de entregar recursos a algunas empresas públicas, bajo ciertas condiciones. No obstante, la oposición rechazó el artículo que amplía el giro de Correos de Chile, que ha generado bastante debate y que este se replicó en la comisión.
Tras las dos jornadas de este lunes, la Comisión de Hacienda despachó a Sala el proyecto de reajuste, que se votará este martes en la tarde.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Senado
{{/if}}
