La oposición se tomó muy en serio lo que han llamado el “amarre” que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric incorporó al protocolo de acuerdo sobre el reajuste fiscal de los trabajadores del sector para 2026. Particularmente, porque esta medida constituiría una barrera para concretar al menos parte de la propuesta emblemática del presidente electo José Antonio Kast de hacer un importante recorte fiscal.
Es en este escenario que el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, junto a su par Jorge Alessandri , advirtió que el punto 14 del protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la ANEF, que da paso a la medida criticada por la oposición, se aparta de la idea matriz del proyecto de reajuste fiscal, por lo que si el Ejecutivo logra que se apruebe, la colectividad ingresará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC).
“La Ley de Reajuste del Sector Público tiene un objetivo bastante claro y acotado, que tiene que ver con las remuneraciones y otros beneficios de los trabajadores del sector público. Por lo tanto, al incorporar normas sobre el empleo y la estabilidad laboral de los funcionarios, lo que está haciendo el Gobierno es transformar este proyecto en una
reforma encubierta al Estatuto Administrativo, sin abrir un debate serio y transparente que exige una materia de este tipo”, argumentó el máximo dirigente gremialista.
Respeto a la democracia y alternancia en el poder
Y añadió que, por lo antes dicho, “si el Ejecutivo insiste en incorporar estas medidas en el proyecto de ley y logra aprobarlas con el apoyo del oficialismo, vamos a recurrir inmediatamente al Tribunal Constitucional, porque no vamos a permitir que por la puerta trasera terminen blindando a sus operadores políticos”.
Los diputados opositores volvieron a llamar a los diputados PS y PPD a rechazar el punto que ha generado tanta polémica, reiterando que “no se trata de una disputa ideológica, sino que de actuar con la mayor responsabilidad y no terminar siendo cómplices de una maniobra totalmente impropia e inmoral”.
Según Alessandri,
“lo que aquí está en juego no es el reajuste salarial de los funcionarios públicos, sino la forma cómo se respeta la democracia y la alternancia en el poder”.
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