En la relación cotidiana entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos (SII) pueden generarse roces y discrepancias. Por ejemplo, por el rechazo de un gasto, por el cobro de un impuesto o por la clausura de un establecimiento. Es parte de la cotidianidad.
Sin embargo, para resguardar los derechos de los contribuyentes, existe la denominada Revisión de la Actualización Fiscalizadora (RAF), mediante la cual se puede pedir al SII revertir acciones tomadas por la administración.
¿El problema? En mayo de este año gremios del mundo tributario y legal advirtieron que bajo la gestión del entonces director del SII, Javier Etcheberry, se modificaron los criterios para tramitar las RAF, lo que derivó en un incremento de las peticiones rechazadas por la autoridad: pasaron de 42,7% en 2023 a 88,3% entre 2024 y 2025.
Por lo mismo, la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) inició una investigación y un trabajo conjunto con el SII, que en los últimos días ya dio frutos.
El informe de la Defensoría parte identificando cinco problemas relacionados con un cambio de criterio de parte del SII a la hora de tramitar las RAF, lo que afectaría los derechos de los contribuyentes.
Esto, porque la entidad logró un acuerdo de cuatro puntos con Impuestos Internos para resolver las discrepancias y avanzar en la entrega de apoyo a los contribuyentes en el uso de la RAF, para que puedan cumplir con sus deberes tributarios contando con la debida protección de sus derechos.
En el acuerdo de 26 páginas, al que tuvo acceso Diario Financiero, la Defensoría parte identificando cinco problemas relacionados con un cambio de criterio de parte del SII a la hora de tramitar las RAF.
La primera se relaciona con la “imposición” de cargas procesales “no estipuladas en la ley” para la corrección de vicios o errores manifiestos a través de la RAF. En específico, la Dedecon denunciaba que el nuevo criterio del SII fijaba que el error o vicio a revisar debía ser atribuible al servicio -y no al mismo contribuyente-, y que la impugnación no implicaría una revisión sustantiva de nuevos antecedentes, lo que -dice Dedecon- “podría vulnerar los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima”.
El segundo punto en controversia era la transparencia en la implementación del nuevo criterio del SII, el cual no había sido sometido a consulta pública previa vía circular.
Un tercer foco era que se restringía la posibilidad de presentar declaraciones rectificatorias en el procedimiento RAF, a pesar de que el Código Tributario expresamente lo permite.
El cuarto punto levantado por la Defensoría es la “persistencia” de actos de la administración con “vicios o errores manifiestos, inhibiendo la aplicación estricta de los impuestos cuyo control está encomendado al SII”.
Mientras que el quinto tema fue que el criterio aplicado por el SII en las RAF podría generar un enriquecimiento “sin causa por parte del Fisco”, ya que el rechazo de las RAF obligaría a los contribuyentes a pagar montos que en estricto derecho no corresponden o denegar la posibilidad de obtener devoluciones a las cuales tienen derecho.
Uno de los acuerdos clave es que el SII actualizará, armonizará y consolidará las instrucciones sobre los procedimientos de impugnación a través de una circular, contando con la colaboración y opinión de la Dedecon.
Los pormenores
El acuerdo firmado entre el defensor nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, y la directora (s) del SII, Carolina Saravia, se compone de cuatro puntos.
En primer lugar, el SII actualizará, armonizará y consolidará las instrucciones sobre los procedimientos de impugnación a través de una circular, contando con la colaboración y opinión de la Dedecon. Dicha instrucción refundirá las instrucciones sobre los procedimientos de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV), RAF y Recurso Jerárquico, otorgando certezas y claridades en materia de objetivos y alcances.
Asimismo, el SII se comprometió a difundir los servicios de la Dedecon y que la institución apoye a los contribuyentes para que concurran oportuna e informadamente a cada una de las etapas del proceso de fiscalización o auditoría.
El tercer aspecto se relaciona con el compromiso de la Dedecon de realizar actividades de educación y orientación tributaria para fortalecer el conocimiento de los contribuyentes acerca de sus derechos y deberes durante las fiscalizaciones que lleva a cabo el SII.
Finalmente, la Defensoría asumió la tarea de impulsar la difusión de información clara y accesible sobre las distintas etapas del proceso de fiscalización, con especial énfasis en las actuaciones centralizadas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.
“Los acuerdos alcanzados reafirman nuestro compromiso con una actuación fiscalizadora fundada en la legalidad y el respeto a los derechos de los contribuyentes, garantizando la certeza de nuestro sistema tributario”, manifestó Saravia.
Pizarro, por su parte, señaló que “este es un hito relevante y, al mismo tiempo, un compromiso que esperamos seguir fortaleciendo con dedicación y profesionalismo”, enfatizando que el trabajo para llegar al acuerdo incluyó una consulta ciudadana sobre la materia.
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