Un duro enfrentamiento protagonizó ayer el gobierno y la oposición a raíz de las polémicas contrataciones por parte de algunas reparticiones públicas de ex candidatos oficialistas derrotados en las pasadas elecciones parlamentarias y que salieron a la luz tras el caso del otrora alcalde Pablo Zalaquett, quien habría sido contratado para hacer una asesoría en el Ministerio de Salud
Mientras el vocero de verano de La Moneda, Mauricio Lob, calificó de “infundadas y poco serias” las denuncias que lideró ayer el presidente (s) de la Democracia Cristiana (DC), diputado Fuad Chahín, quien junto con dar a conocer otras irregularidades en una serie de contrataciones por parte de algunos ministerios, las que reflejarían –dijo- “lo impudoroso de este gobierno”, anunció que recurrirá a la Contraloría y promoverán una comisión investigadora a partir de marzo próximo.
Y es aún cuando pueden ser contrataciones “legales”, acusó el parlamentario, dicho proceder “claramente no es ni ético ni estético” y que más bien parecerían “premios de consuelo” a los candidatos derrotados.
En ese sentido, el diputado detalló que el tema de las contrataciones de ex candidatos no sería un “hecho aislado”, pues él personalmente ya había denunciado la existencia de más de 500 concursos públicos “de amarre y truchos” donde los perfiles que se establecen “están hechos como anillo al dedo para la persona que ostenta el cargo”.
El objetivo de estas últimas contrataciones, sostuvo Chahín, apuntaría a “tratar de dejar apernados en los cargos de jefaturas intermedias a personas de confianza del actual gobierno, para tratar así de boicotear la gestión de Michelle Bachelet”.
A esas situaciones, relató el diputado, se agrega el caso de más de un centenar de contratos de prestación de servicios a honorarios en el Ministerio de Obras Públicas, visados por la Contraloría y donde se habría eliminado la cláusula que le permite a la institución en cuestión poner término al contrato cuando lo estime necesario por razones de “buen servicio”.
Por el contrario, subrayó el presidente (s) de la DC, “curiosamente estos contratos a honorarios solo se pueden poner término por voluntad de la persona contratada y no por voluntad del servicio”. Ello habría sido corregido por la Contraloría con fecha 4 de febrero de este año a través de un dictamen donde se establece que “es ilegal y que no procede porque atenta contra el principio de la libertad contractual y porque se genera un perjuicio para la acción administrativa”, que podría ser determinada por la misma Contraloría de iniciar un juicio de cuentas.
Ante todos estos casos, anunció Chahín, “vamos a recurrir a la Contraloría –mañana jueves-, para que no solo haga una auditoría de los concursos del tercer nivel jerárquico, sino que también de estos contratos a honorarios y que ordene e instruya de que se dejen sin efecto de inmediato todos los contratos a honorarios que no tengan esta cláusula de salida para el servicio. No puede ser que se pretenda dejar al Estado maniatado porque este gobierno que prometió ser de los mejores terminó siendo el gobierno de los apitutados”.
Y junto con solicitar un informe del contenido de las asesorías que prestaron los ex candidatos, el titular (s) de la DC confirmó que no descartaba promover en marzo una Comisión Investigadora en el Congreso para que indague “todo el proceso de cierre de este gobierno que involucre la contratación de candidatos derrotados, la contratación a honorarios sin cláusula de salida, el traspaso de honorarios a contrata de los asesores de gabinete de muchos ministros y subsecretarios y por cierto estos 500 concursos ‘truchos’ que la Contraloría también ya está investigando”.
“Cortina de humo”
Desde el gobierno -que no había dicho nada desde el pasado domingo cuando se conoció el caso del ex alcalde Zalaquett- en tanto, junto con calificar las denuncias de “infundadas y poco serias”, recordaron que entre 2009 y 2010 a fines del primer período de la presidenta electa Michelle Bachelet se dio algo similar, al igual que en 2005 a fines de la administración de Ricardo Lagos.
En ese sentido, el vocero (s) Mauricio Lob destacó que “es perfectamente normal que personas que han cumplido funciones en el aparato público y que dejan estas funciones para competir en una carrera electoral, una vez que termine esa contienda se reintegren a esas funciones o a otras en que sean requeridas en la medida que cumplan con esa labor”.
Además, sostuvo que tras las denuncias “da la impresión de que hay un intento evidente por montar una cortina de humo y disparar a la bandada para de esa forma tratar de tapar los propios errores que está viviendo la Concertación o la Nueva Mayoría (... ) Ellos están subiendo el volumen para tapar el silencio de sus propias autoridades respecto de los errores que están cometiendo con las designaciones de las futuras autoridades”, enfatizó.
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