Ejecutivo y Nueva Mayoría acuerdan fórmula para castigar con cárcel el lucro en educación


Desde que los parlamentarios presentaron las indicaciones al proyecto de educación escolar, una de las impulsadas por el PS, que establece pena de cárcel para los sostenedores que no reinviertan las utilidades en el proyecto educativo, fue una de las que desató más polémica al interior del bloque oficialista. Sin embargo, luego de largas reuniones entre el gobierno y los diputados de la Nueva Mayoría, se llegó a una fórmula que modera la indicación original, pero que de igual manera, entrega las herramientas para castigar con presidio a quienes burlen la ley que prohíbe lucrar.

La nueva redacción de esa indicación, texto que el gobierno y los parlamentarios terminaron de trabajar el lunes en la noche, establece pena de cárcel en su grado medio a máximo por la desviación de recursos para aquellos sostenedores que no reintegren el dinero retirado para fines ajenos al proyecto educativo. Si el sostenedor devuelve la totalidad del dinero que extrajo, la pena se reduce a una multa del Estado de más del 50% del dinero retirado. La diferencia con la indicación original radica, justamente, en que ésta no daba la posibilidad de reintegrar ese dinero. Aunque desde el PS, el PPD y la bancada estudiantil señalan que la indicación original permitía una fiscalización más eficiente del lucro, la nueva fórmula permitió destrabar la discusión con la DC y el gobierno.

En definitiva, como explica el abogado y asesor del PS que trabajó junto al gobierno en el tema, Enrique Aldunate, el método acordado crea un símil de lo que establece el Código Penal respecto de la malversación de caudales públicos, pero especifica que se trata de una “tipificación especial que se crea sólo para aplicarse en este caso, con la ley de subvenciones”. Y es en ese mismo sentido que el ministro de la cartera, Nicolás Eyzaguirre, señala que “no se innova respecto de lo que son las normas transversales y generales para quienes administran fondos de terceros”.

En tanto, el diputado Fidel Espinoza (PS) afirmó, contradiciendo lo que se señala en el proyecto original del gobierno, que “no estamos hablando de faltas de carácter administrativas. Si ese sostenedor no devuelve los recursos mal utilizados en un plazo perentorio que dejaremos establecido, queda automáticamente en la disposición de la justicia para aplicarse la condena de cárcel. Así, esto no va a quedar sólo en multas como ocurre en otras áreas”.

En las reuniones que han sostenido los parlamentarios oficialistas y el gobierno no sólo se ha discutido esta indicación. Otras, como la presentada por el Ejecutivo y que establece una justa remuneración al sostenedor por su trabajo, también sería modificada atendiendo a la queja de algunos diputados del ala izquierda de la Nueva Mayoría, que señalaron que esa modificación deja espacio para lucro. Es por ello que el gobierno accedió a establecer nuevos criterios para la remuneración. Así, desde el oficialismo afirman que las 24 indicaciones del Ejecutivo habrían sido ampliamente discutidas y que en las próximas sesiones del trámite, los diputados habrían logrado coordinarse para aprobar todas ellas.


Poco avance


Ayer, en la primera sesión de la votación en particular del proyecto, sólo se logró votar dos de las cerca de 200 indicaciones presentadas, además de establecer la inadmisibilidad de 11 de ellas, por tratarse de materias de atribución exclusivamente del Ejecutivo.

Ello no revela un panorama alentador para el avance del trámite dado el carácter de suma urgencia que le dio el gobierno. En la comisión acordaron celebrar sesiones extraordinarias, es decir, además de la de los martes, también se reunirán los días lunes, miércoles y jueves para poder cumplir con el plazo de 15 días antes de su despacho a la Comisión de Hacienda.

Desde la Alianza pidieron a Eyzaguirre retirar la suma urgencia dada a la iniciativa. El diputado Felipe Kast (Evópoli) manifestó que “estamos reviviendo el episodio de la reforma tributaria, donde se pasó definitivamente la aplanadora. Con suma urgencia es imposible, no se puede debatir ni argumentar”.