Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, regresó al poder en 2013 con la promesa de combatir la desigualdad y poner fin a los profundamente enraizados privilegios de la elite tradicional del país.
Pero su gobierno sufrió un serio golpe a la credibilidad cuando su hijo mayor, Sebastián Dávalos, fue acusado a principios de este mes de usar su influencia para asegurar un préstamo bancario. El alboroto resultante fue tanto, que fue obligado a renunciar como director de una fundación de caridad que generalmente es administrada por la primera dama.
Lamentando este "amargo momento", Dávalos admitió que el escándalo podría "dañar" no sólo al gobierno, sino también a la presidenta, cuya popularidad ya ha caído a mínimos récord en medio de una desaceleración económica arrastrada por menores precios del cobre, la principal exportación de Chile.
En juego está la ambiciosa agenda de reformas de Bachelet, que apunta a reducir la desigualdad, que se ha mantenido alta pese a un crecimiento económico excepcional en décadas recientes. Los elementos más controversiales de su agenda, especialmente en educación, ya han sido suavizados por la facción moderada de su coalición de centroizquierda, cuyo apoyo necesita para aprobar las nuevas leyes en el Congreso.
"Con este escándalo, los moderados probablemente adquieran más fuerza, ya que Bachelet no será capaz de impulsar legítimamente la coalición más hacia la izquierda", dice Patricio Navia, cientista político de la Universidad de Nueva York.
"La familia de Bachelet estaba usando el mismo tipo de acceso privilegiado contra el cual luchaba", explica.
Para muchos chilenos, la habilidad de Dávalos de asegurar un préstamo de US$ 10,4 millones para la pequeña empresa de su esposa de parte del Banco de Chile después de reunirse con su vicepresidente, Andrónico Luksic –que es uno de los hombres más ricos de Chile y cuya familia controla el banco- es un ejemplo elocuente del alcance de los privilegios en el país. El préstamo fue aprobado un día después de que Bachelet ganara las elecciones presidenciales.
El escándalo es una bendición para la alianza opositora de centroderecha, que se abalanzó sobre lo que ha sido calificado como el "Nueragate". La oposición no sólo sigue tambaleándose después de haber sido aplastada por la coalición de Bachelet en las elecciones presidenciales de 2013, sino que también ha sido golpeada por su propio escándalo, altamente dañino, por el financiamiento de las campañas.
Pero Navia agrega: "La oposición real de Bachelet no es la Alianza de centroderecha, sino los demócratacristianos en el Senado".
Él afirma que ese grupo más moderado de la coalición gobernante ha logrado asegurar que las reformas de Bachelet sean "mucho menos radicales que lo prometido".
De hecho, con su cómoda mayoría parlamentaria, la oposición no ha podido evitar que la coalición gobernante, la Nueva Mayoría, apruebe arrolladoramente las reformas en el Congreso. El año pasado, se aprobó una reforma tributaria que permitirá que el Estado reciba US$ 8 mil millones adicionales al año, principalmente de las empresas, mientras que las reformas a la educación centrales en la agenda de Bachelet están cerca de aprobarse.
Ahora, las empresas en particular tienen puesta su mirada en controvertidas reformas laborales, que serán debatidas en el Congreso más adelante en el año. Los críticos dicen que las reformas propuestas aumentarán el poder de los sindicatos, que sólo representan a cerca de 15% de los trabajadores. Más allá de mejorar el empleo y la productividad, las reformas corren el riesgo de aumentar el desempleo y los conflictos laborales, argumentan.
"Sería muy difícil hacer las reformas que el gobierno intenta sin tener problemas y generar cierta incertidumbre", dice José De Gregorio, ex presidente del Banco Central. Pero pese a que el gobierno ha luchado por calmar los temores de los inversionistas, especialmente por la reforma tributaria, "hoy muchas de esas dudas se están disipando", insiste.
El optimismo de De Gregorio es compartido por las instituciones de Wall Street como Standard & Poor's y JPMorgan, que han argumentado recientemente que la economía está entrando en una nueva fase. JPMorgan subió su pronóstico de crecimiento para 2015 de 2,3% a 2,7%, ya que los menores precios del petróleo han ayudado a compensar la caída en los precios del cobre, después de crecer 1,8% en año pasado.
Sin embargo, Felipe Larraín, el ministro de Hacienda del gobierno anterior de Sebastián Piñera, apunta que la economía ha sufrido un "aterrizaje forzoso" después de promediar una expansión de 5,3% entre 2010 y 2013.
"En este complicado escenario, la reforma laboral es sólo una cosa más. Con la reforma tributaria, todo va hacia la misma dirección", dice, argumentando que el creciente costo del empleo y la producción está actuando como un desincentivo para la inversión, que ha caído en los últimos seis trimestres consecutivos.
"Creo que Chile podría estar mucho mejor", declara.
Financial Times
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