Tres horas duró el Comité Operativo de Seguridad convocado por la presidenta Michelle Bachelet, el día de ayer, con el fin analizar las secuelas del atentado perpetrado en el Subcentro del metro Escuela Militar. Pero en el encuentro también se entró al detalle del verdadero puzzle que está significando para las autoridades dar con los responsables de los graves actos terroristas que han ocurrido este año. En el gobierno reconocen que es un problema que puede ir escalando y están conscientes de los magros resultados que se han tenido -incluidos los gobiernos anteriores- en la desarticulación de estos grupos subversivos, que tienen, según se comenta desde las ramas investigativas, un gran poder de organización, de recursos y capacidad de destrucción.
En esa dirección y tras un breve comunicado luego de la reunión y flanqueada por sus asistentes, entre quienes estaban los ministros de Interior y de Justicia, el general director de Carabineros, Gustavo González, el director de la ANI, Gustavo Villalobos, el fiscal nacional (s) Alberto Ayala, el director de la PDI, Marcos Vásquez, la mandataria centró sus palabras en la sincronía que debe existir en todos los órganos pertinentes, para acelerar y otorgar eficiencia a la investigación: “La coordinación de las policías y organismo de inteligencia es fundamental para conseguir resultados concretos en la investigación. Le he dicho al fiscal que va a seguir contando con todos los recursos para fortalecer recursos de la fiscalía para llegar cuanto antes a esos resultados”, explicó la jefa de Estado, quien luego de sus escuetas palabras se retiró del salón Toesca de La Moneda, sin aceptar preguntas de la prensa.
Quien sí dio más detalles de la reunión fue el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, quien volvió a resaltar la importancia de tener un trabajo en conjunto con todos los órganos del Estado, para fortalecer la investigación. A su vez, informó que se resolvió fortalecer las medidas de seguridad esta semana, que tiene como día siempre conflictivo el 11. “Habrá personal de civil en el transporte público y uniformado y otras medidas especiales que hay que tomar en el transporte público. El gobierno pondrá todos los recursos disponibles de las policías, y la ANI van a estar disponibles para prevenir hechos futuros”, precisó. Con ese fin se espera para estos días una gran presencia policial en las calles día y noche, con constantes rondas de Carabineros por las calles.
Con estas medidas y este foco impuesto por el gobierno, en reunir a todos los poderes del Estado, La Moneda está intentando tomar las riendas de la situación, bajo el liderazgo del jefe de gabinete, con un duro tono de condena y mano dura, tras recibir críticas de debilidad frente al tema. Y en Palacio también preocupa que la pelea política gane terreno, y es por ello que quieren brindarle una visión de Estado. Y para tal efecto es que hoy a primera hora arribarán a La Moneda los presidentes de todos los partidos políticos y movimientos, para tener una reunión con la mandataria y Peñailillo.
Las falencias del sistema
Desde varios sectores reconocen que existen graves problemas para llevar adelante las investigaciones. Razones, se esbozan varias: la poca coordinación que existe entre las policías, la naciente nueva justicia penal, como también la actual legislación en materia de ley antiterrorista como de inteligencia. En las primeras, desde Carabineros, sostienen que las labores de la PDI con la policía uniformada en varias ocasiones se “entorpecen mutuamente”, a veces ocupando recursos para perseguir a los mismos sospechosos, sin compartir información. También, admiten desde varios de estos órganos y desde el mismo Ejecutivo, que el sistema probatorio es complejo, y dificulta llegar a condenas. Y en los últimos dos puntos, el ministro del Interior fue claro en que este mes entrará una nueva ley antiterrorista, y que los cambios a la ley de inteligencia, que trabaja el mismo Peñailillo, apuntarán en tres direcciones: al sistema nacional de inteligencia en su conjunto; al fortalecimiento de la ANI y en ampliar las atribuciones como ocurre con la ley 20 mil de drogas.
Tres querellas invocan a ley antiterrorista
Al cuarto Juzgado de Garantía de Santiago llegaron tres querellas, invocando la Ley Antiterrorista. La primera fue interpuesta por la subsecretaría del Interior, apelando a esta normativa bajo el argumento de que el explosivo fue colocado con el fin de producir en la población, o en una parte de ella, un temor injustificado. El gobierno ha apelado a esta legislación en otras dos ocasiones este año (en el bombazo en el metro Los Dominicos, y en el atentado a la 1º Comisaría de Santiago).
El Ejecutivo ha explicado en reiteradas ocasiones que esta ley no se puede aplicar en cualquier hecho de este tipo, debido a la complejidad que existe al momento de las pruebas, sobre todo, en el elemento de subjetividad para probar que se intentó efectivamente infundir miedo. Así también, se debe probar que el atentado iba dirigido hacia la población en general y no hacia una persona en particular. El equipo de asesores jurídicos es quien aconseja al gobierno cuándo procede invocarla y cuando es preferible otra ley, como la de Control de Armas. En esa misma línea, el alcalde de Las Condes presentó otra querella, acompañando en el escrito relatos de testigos. En tanto la UDI, representada por el diputado Gustavo Hasbún y el senador Juan Antonio Coloma, hicieron lo propio bajo la misma línea argumentativa.
Fiscal reconce complicaciones
Por su parte, el fiscal nacional (s) Alberto Araya explicó a la salida del Consejo de Seguridad en La Moneda, que ha sido un largo proceso de trabajo la adaptación al nuevo sistema penal, tras la reforma que comenzó en Santiago hace ocho años. Sin admitir concretamente un fracaso, sí mencionó los problemas que existen, sobre todo, en el campo operativo: "La experiencia nos enseña qué medidas podemos tomar y cuáles no. Llevamos en Santiago 8 años de existencia, antes investigaba el Poder Judicial con más de 180 años de experiencia y aprendemos de lo malo y sacamos el provecho". A su vez , reconoció que faltó coordinación en la entrega de recursos extras de parte del gobierno, pero que ya cuentan con todo lo necesario, por lo que había que centrarse en el futuro.
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