Pasadas las 2 de la mañana de este martes, salió humo blanco.
Tras una maratónica sesión que se extendió desde las 3 de la tarde de este lunes, la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley de Presupuestos 2026 y lo despachó al tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputados.
La Cámara Alta visó la totalidad de las 33 partidas que componen el financiamiento del sector público para el próximo año, marcando un contraste con la Cámara de Diputados, que en el trámite previo había visado 19 erarios y rechazado otros 14.
Así, este lunes se aprobaron los recursos para las carteras de Economía, Culturas, Seguridad Pública, Medio Ambiente, Educación, Salud, Vivienda, Hacienda, Desarrollo Social, Interior y Relaciones Exteriores, así como la Contraloría General de la República, Gobiernos Regionales, Tesoro Público y el articulado.
Sin embargo, los senadores rechazaron algunos programas específicos en las carteras de Desarrollo Social (Injuv y el programa de apoyo a la identidad de género), Salud (modalidad de cobertura complementaria de Fonasa), Tesoro Público (glosas sobre empresas públicas) y en Culturas (sitios de memoria y el pase cultural), por lo que su reposición deberá ser analizada en el tercer trámite en la Cámara Baja y, eventualmente, en una comisión mixta.
El proyecto debe despacharse del Congreso a más tardar el sábado 29 de noviembre. En caso de que aquello no ocurra, regirá el texto presentado originalmente por el Ejecutivo, que contempla un crecimiento del gasto público de 1,7%.
“Ahora corresponde que la Cámara revise estos avances. Con el mismo espíritu de colaboración, esperamos concluir este proceso con un acuerdo amplio y un Presupuesto responsable, que combine lo social con lo fiscal y entregue certezas al país”, dijo la madrugada de este martes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Lo que puso el Ejecutivo sobre la mesa
La aprobación del erario fue alcanzada luego de intensas negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, tanto con el oficialismo como con la oposición, que derivó en compromisos en materias sectoriales.
Por ejemplo, en la partida del Congreso Nacional, se acordó reponer la dieta a los expresidentes y se agregó una glosa sobre la distribución de estos recursos. Eso sí, continuaban las negociaciones respecto a las asignaciones para los exmandatarios.
En la Contraloría General de la República, se agregaron recursos relevantes para la contratación de personal ($ 336 millones adicionales) y para la compra de bienes y servicios ($ 1.200 millones más respecto al proyecto original).
Una de las carteras más perjudicadas para hacer espacio para otros gastos es la de Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde se reducen los recursos de las siguientes asignaciones: Pase cultural ($ 1.000 millones); Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural ($ 1.958 millones); Fondo de Fomento Audiovisual ($ 506 millones); Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras ($ 1.000 millones) y Programación y Difusión de los Patrimonios ($ 536 millones). Con esto, el erario del rubro se recorta en más de $ 15.000 millones en los dos trámites tanto en la Cámara como en el Senado. Pese al acuerdo, la Sala rechazó la rebaja al pase cultural.
En la cartera de Economía, se financian medidas para el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, con cargo a reasignaciones dentro de la subsecretaría del ramo. También se convino poner discusión inmediata al proyecto de ley de Reactivación del Turismo, hoy en comisión de Hacienda del Senado.
En Hacienda, se acordó precisar y aumentar la información que debe entregar el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre el nivel del gasto tributario (exenciones) en el país y exige su presentación ante la comisión especial mixta de Presupuestos en octubre. En esta partida, Grau se comprometió a incluir un artículo en la ley de reajuste del sector público para ampliar el alcance de la rebaja del pago de contribuciones para quienes hayan enfrentado expropiación de terrenos, sin límite de tiempo; y otro para postergar el plazo del reavalúo de propiedades habitacionales desde enero de 2026 hasta enero de 2027.
En Educación, se eliminó la oración final del último inciso de las glosas 02 de los Servicios Locales de Educación Públicas (SLEP), donde pedía responsabilidades administrativas en caso de sobredotación. La partida aumenta su gasto en $ 7.524 millones, incrementando en Junaeb ($ 9.796 millones) y se recortan gastos en las subsecretarías de Educación ($ 1.272 millones) y Educación Superior ($ 1.000 millones). Asimismo, se acordó postergar la entrada en vigencia de algunos SLEP y reponer $ 1.000 millones al programa de Liceos Bicentenarios.
La principal modificación en Salud es un aumento de $ 15.000 millones destinados específicamente a la normalización y mejoramiento de la resolutividad de los dispositivos de urgencia de atención primaria, con prioridad en servicios rurales. Además, se agregaron dos nuevas glosas en el Programa de Atención Primaria: una, relacionada con la prórroga de convenios en casos de rediseño de programas; y, otra, sobre el uso de ahorros de Cenabast por parte de los municipios. Asimismo, se acordó abordar en comisión mixta un posible descongelamiento del aporte per cápita para la atención primaria en salud (APS).
Para financiar los aumentos presupuestarios en Contraloría, Educación y Salud, en el Tesoro Público se realizaron rebajas en fuentes de financiamiento como el reembolso de gasto electoral ($ 7.900 millones) y la provisión para financiamientos comprometidos ($ 11.160 millones) dentro del Programa de Operaciones Complementarias.
Sin embargo, también se aprobaron normas contrarias a lo que planteaba en el Ejecutivo, que mantuvo sus reservas de constitucionalidad luego que se rechazaran algunas de sus indicaciones que buscaban suprimir algunos de los artículos que a su juicio "excedían las facultades exclusivas".
Por ejemplo, las indicaciones que pretendían eliminar los artículos 45, 47 y 48, en materia de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); procesos de asignación de beneficios de vigencia anual y admisión escolar preferencial para personas de nacionalidad chilena y extranjeros en situación regular, entre otros temas.
74 compromisos
Para viabilizar la discusión, el Ejecutivo trabajó un documento de compromisos que dio a conocer este lunes, que recoge inquietudes específicas sobre el proyecto de ley planteadas por senadores y diputados.
El documento contempla 74 medidas agrupadas en 14 áreas: Salud; Educación; Vivienda; Contraloría General de la República; Gobiernos Regionales; Desarrollo Social y Familia; Interior; Economía; Trabajo; Relaciones Exteriores; Ciencia; Deporte; Medio Ambiente; mayor transparencia e información; racionalización del gasto; y avalúos fiscales.
Entre los principales consensos, destaca la inyección $ 15.000 millones para reforzar la atención primaria de salud, con especial foco en comunas rurales; mejoras a los programas de Junaeb orientados al bienestar de los estudiantes; recursos para mantener la cobertura actual de las becas TIC; se incrementaron en 15.000 los subsidios de vivienda socia; se adecuó la glosa relativa a la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión para la correcta implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales; se aseguró la apertura de tres oficinas nuevas de Chile Valora en las regiones de Atacama, Biobío y Magallanes; se ratificó que la definición de sitios prioritarios para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) se postergará hasta la aprobación del reglamento respectivo, actualmente en proceso de consulta indígena; más recursos para la Contraloría; mayor agilidad en la ejecución regional; la promoción del pisco y el vino chileno a través de ProChile; y apoyo financiero por $ 1.200 millones a la selección chilena de rugby de cara al próximo Mundial de la disciplina.
Adicionalmente, se incorporó una glosa que mandata a la Subsecretaria de Redes Asistenciales a conformar un consejo para el seguimiento de medidas y recomendaciones realizadas por la Comisión Asesora del Gasto Público y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en materia de eficiencia hospitalaria y gestión de compras e inventarios; se propondrá que las mutuales de empleadores puedan participar en el proceso de resolución de listas de espera; se incorporará una norma que permita, mediante reporte mensual, conocer el estado de avance de los procesos disciplinarios derivados de la fiscalización de licencias médicas por la Contraloría; en diciembre de 2025 se presentará un proyecto de ley que permitirá abordar los problemas en la instalación y sostenibilidad financiera de los CFT estatales; se estableció la obligación de los municipios de reportar sobre el uso de los recursos royalty, a fin de garantizar un mayor control y trazabilidad de esta nueva fuente de financiamiento municipal; se mantuvo el artículo cuatro de la ley de Presupuestos similar al del 2025, eliminando la restricción que se establecía al aumento de algunos gastos corrientes; y se comprometió incluir en la ley de reajuste una extensión por dos años del Fondo de Emergencia Transitorio de la Reconstrucción por los incendios en Valparaíso de 2024.
Esto, además de los temas tributarios ya mencionados en materia de contribuciones.
Los compromisos, por un lado, se traducen en indicaciones al proyecto de Ley de Presupuestos 2026 ya ingresadas por el Ejecutivo tanto en la Cámara como en el Senado; y, por el otro, a aspectos que se materializarán ya sea en otros proyectos de ley, por la vía administrativa o de gestión.
Donde no hubo consenso entre las partes fue en la reposición de la glosa republicana; cambios en materia de ingresos proyectados para el sector público; y la mantención del costo nominal de las remuneraciones de los funcionarios públicos en 2026 (el denominado subtítulo 21).
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