La semana pasada estuvo marcada por la polémica entre el gobierno, los empleados fiscales y el comando del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera. ¿La razón? El exmandatario aseguró que en el marco de su plan de austeridad fiscal buscará desvincular a quienes considera “operadores políticos” que se desempeñan en el aparato estatal, generando críticas del Ejecutivo y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Al margen de los dimes y diretes, el expresidente ha prometido que como parte de su plan de ajuste del gasto público que pondrá atención en el gasto destinado a trabajadores a honorarios, particularmente asesores.
¿De qué realidad se habla? Según los antecedentes de Gobierno Transparente, más de 8.300 personas se desempeñan a octubre en el aparato público en este régimen, considerando los 22 ministerios, la Presidencia de la República y organismos autónomos como la Fiscalía y la Contraloría General de la República.
Estas cifras difieren del total informado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) a fines de cada año, ya que esta entidad considera los honorarios contratados no solo en las carteras, sino también en los servicios dependientes de las mismas y en los gobiernos regionales. El último dato disponible de Dipres (2015) corresponde a más de 47 mil los trabajadores a honorarios en el aparato público.
En el porcentaje de funcionarios bajo análisis, el promedio de los empleados percibe remuneraciones mensuales de $ 1,6 millones en términos brutos, es decir, antes de los descuentos legales por pensiones, salud y seguro de cesantía, en lo principal; mientras que en algunos casos pueden superar inclusive los $ 7 millones.
De acuerdo a las cifras, varios ministerios han contratado en lo que va del presente año o mantienen en su dotación a asesores con honorarios que superan los $ 5 millones mensuales bruto (ver tabla).
En la Presidencia y Hacienda alcanzan a doce los contratos, aunque algunos dejaron de estar vigentes.
En otras carteras económicas, asesores claves superan los $ 6 millones en honorarios mensuales.
En el Poder Judicial la máxima cifra llega a $ 6,6 millones mensuales, en Educación a $ 6,3 millones, en el MOP y Trabajo a $ 6 millones cada 30 días.
En promedio, los honorarios superiores a los $ 2 millones mensuales brutos se pagan en la Presidencia de la República, el Poder Judicial, Hacienda, Defensa, Segpres y el Ministerio de la Mujer.
Los trabajadores a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo, por lo cual no gozan de algunos derechos como indemnización por años de servicios y feriados anuales.
Los contratos son a plazo fijo o en base a alguna tarea encomendada por quien contrata los servicios, y tradicionalmente se renuevan el 31 de diciembre de cada año.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las remuneraciones del sector público mostraron en septiembre un alza nominal de 6,7% en doce meses, magnitud sólo superada por el 7,2% de construcción.
Esto se da en un contexto en que los trabajadores del aparato estatal están negociando con el gobierno un reajuste, que en una primera instancia Hacienda lo planteó de 1,9% nominal.
Presupuesto recorta recursos para contrataciones en 2018
La ley de Presupuestos 2018 considera alrededor de $ 330 mil millones de gasto autorizado para contratar honorarios en el aparato público, lo que implica una baja anual de 17,8%. Esto se produce luego de alzas anotadas desde 2014, cuando pasaron de $ 200 mil millones a $ 350 mil millones (ver gráfico) en tres años.
Para la directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros (CEF) de la U. de los Andes, Cecilia Cifuentes, es "difícil" decir si los honarios son altos o no, pero sí advierte "bastante discrecionalidad" en su contratación y en la fijación de los mismos. "Es una tarea prioritaria hacer una reforma profunda en materia de recursos humanos en el sector público. No tengo dudas que eso permitiría ahorros significativos", dice.
El economista de Chile 21, Eugenio Rivera, matiza que las funciones del gobierno han aumentado "sustantivamente", mientras que los avances en la reforma del Estado son "insuficientes", por lo que se hace necesaria dotación adicional a la que ya cuenta el Estado. "No obstante, la cifra de personal como el monto de las remuneraciones representan un exceso", advierte. Para Cristina Torres, de Libertad y Desarrollo (LyD), un trabajador a honorarios no implica ni debe ser asociado a priori como operador político". "Pero el régimen de honorarios debiese tomar mayor protagonismo en cuanto a su revisión, pues se trata de personas contratadas para realizar un cometido especial, mientras que la contrata obedecería a un requerimiento de funcionamiento de los servicios, de carácter más permanente, y aunque se renuevan cada año, su relación con el Estado está regulada en el Estatuto Administrativo", explica.
Casi 7 mil trabajadores transitan de honorarios a contrata este año
Uno de los compromisos del programa de gobierno de la actual presidenta, Michelle Bachelet, fue mejorar las condiciones laborales de los funcionarios públicos, promoviendo la formalización del empleo en el aparato estatal.
Una de las medidas para lograr aquello es un programa para traspasar más de 14 mil trabajadores hoy en modalidad a honorarios a la contrata.
Esto implica traspasar a trabajadores de honorarios -que no gozan de derechos como indemnización por años de servicio ni feriados, ni tampoco cotizan para salud y pensión- al régimen de contrata, que es más formal que el de honorarios al reconocerle grados al interior del sector público y regirse por el Estatuto Administrativo. Eso sí, los trabajadores a contrata deben renovarse cada 31 de diciembre, y en caso de no renovación no se les indemniza por años de labor.
Según información de la Dirección de Presupuestos (Dipres) a octubre se han traspasado 6.819 personas desde honorarios a contrata, mientras que la meta de este año es llegar a los 8 mil.
Acorde a los datos enviados a la primera subcomisión mixta de Presupuestos, casi la mitad del cambio de régimen se explica por trabajadores del Ministerio de Salud: a la fecha, 3.289 han cambiado su relación laboral con el Estado. El objetivo establecido por la autoridad es llegar a 3.375 traspasos este año.
Más atrás se ubica la cartera de Vivienda y Urbanismo, que ya alcanzó su meta de 1.356 trabajadores traspasados a contrata en el actual ejercicio. Lejos en términos de cantidad se encuentra los ministerios de Educación, del Interior y Seguridad Pública, y Desarrollo Social (ver tabla).
El año pasado, en tanto, fueron traspasados 3.772 cupos de un régimen al otro, levemente por debajo de la meta fijada por la autoridad de 3.886 plazas. Desde 2015, se han autorizado traspasos hacia la contrata de 14.121 personas en el aparato público.
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