Horas decisivas se viven en las negociaciones para sacar adelante el reajuste del sector público, luego del rechazo la semana pasada al veto presidencial en la Cámara de Diputados y tras las fallidas negociaciones entre subsecretarios y la Mesa del Sector Público (MSP) el fin de semana.
¿Cuál es la piedra de tope? Aumentar de 3,2% a 4% el reajuste solicitado por los empleados fiscales, además de modificar el esquema de bonificaciones por término de conflicto para las rentas más bajas del aparato público.
¿Cuál es el costo del nuevo escenario? El Ministerio de Hacienda respondió a través de una minuta enviada al resto de los ministerios y servicios públicos que el costo adicional de incrementar en 8 décimas el reajuste y aumentar los bonos de término de conflicto, es de US$ 260 millones ($ 174.000 millones).
Dicha cifra se desglosa en $ 125.500 millones que cuesta aumentar el reajuste en 8 décimas, mientras que $ 49.700 millones implica aumentar los bonos de fin de conflicto.
En el documento, Teatinos 120 pone en perspectiva las cifras, advirtiendo que el sobrecosto es superior a lo que destinará el Ejecutivo en incrementar en 10% las pensiones básicas solidarias ($ 135.000 millones).
"La propuesta de los empleados públicos implica un aumento del gasto fiscal superior a $ 174.000 millones. Dicho de otra manera, la petición de la ANEF implica un costo adicional al ya propuesto por el Ejecutivo equivalente a 1,28 veces lo que cuesta el aumento de la pensión básica solidaria", advierte el escrito.
El documento recuerda el inicio de las negociaciones con la MSP y el rechazo que sufrió el proyecto -en dos oportunidades- en la Cámara de Diputados. Destaca que la Presidenta Bachelet envió un veto aditivo que mantuvo en 3,2% el reajuste general pero aumentó el bono de término de conflicto en $ 9.090 millones respecto a lo ingresado inicialmente. El veto se rechazó.
"Para destrabar la situación, pero después de mencionar que el marco presupuestario no se podía modificar, el gobierno se juntó con la mesa del sector público para ver si aumentando la cobertura de las personas beneficiadas con el bono de fin de conflicto y enfocándose más en quienes tienen menores ingresos este conflicto se podía destrabar. Después de cinco propuestas realizadas por el Ejecutivo, la ANEF insiste en solicitar un reajuste y bonos de fin de conflicto que el Ejecutivo no está en condiciones de financiar", concluyó Hacienda.
A esta hora, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el subsecretario Alejandro Micco sostienen una reunión almuerzo clave con parlamentarios de la Nueva Mayoría que componen las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. A las 20:30 en La Moneda se reunirá el comité político ampliado para zanjar un eventual acuerdo y el envío del nuevo proyecto de reajuste al Congreso, posiblemente sin acuerdo con los funcionarios públicos.
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