92 declaraciones juradas reemplazarán a permisos en casos de bajo riesgo.
Con el visto bueno por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la semana pasada, el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales está listo para su promulgación como nueva ley de la República y pasar a su siguiente desafío: su implementación.
La iniciativa del Ejecutivo tiene el objetivo de reducir los tiempos de tramitación de los permisos para proyectos de inversión entre 30% y 70%, dependiendo de la magnitud de los mismos.
En esta línea, la nueva normativa modifica 380 autorizaciones sectoriales, que pertenecen a 37 servicios y 16 ministerios.
Para esto, entre otros mecanismos, debutará en la ley el uso de las llamadas Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), declaraciones juradas o avisos que reemplazarán a los permisos de bajo riesgo y que estarán sujetas a fiscalización ex post. O sea, con posterioridad a su entrega.
La ley permite el reemplazo de 50 autorizaciones por THA, pero ya se han identificado otros 42 permisos (totalizando 92) que pueden ser reemplazados por declaraciones juradas en casos de bajo riesgo, algunas sin necesidad de modificaciones legales y que ya están en marcha por parte de sus respectivos servicios.
Entre estas, están las experiencias de la Ley General de Urbanismo y Construcción y el Reglamento de Seguridad Minera, que agilizarán los permisos de construcción y simplificarán la tramitación de proyectos mineros, respectivamente.
“Es muy interesante lo que va a pasar porque vamos a ver la implementación de algunas THA, su funcionamiento y algo que cada uno de los servicios y ministerios lo ha llevado de manera paralela a la tramitación de nuestro proyecto de ley, pero que va en perfecta sintonía”, dice el jefe de la División de Fomento, Inversión e Industrias del Ministerio de Economía, Nicolás Marshall.
Respecto a por qué están observando ambas experiencias, explica que “es la primera aproximación que vamos a tener al criterio de proporcionalidad que incluimos nosotros en nuestro proyecto de ley y que guía todo lo que nosotros estamos tratando de impulsar”.
Los dos casos en la mira del Ejecutivo
La Modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones está a cargo del Ministerio de Vivienda y corresponde a la reglamentación de algunas THA al permiso o autorización, en particular, de las declaraciones juradas de inicio de obra y término de ejecución.
Esta tiene plazo hasta fin de año para dictar. En junio se sometió a una consulta pública y, actualmente, se encuentra en proceso de revisión.
En el caso de la modificación del Reglamento de Seguridad Minera, no tiene un plazo establecido y, además de incorporar declaraciones juradas en algunos permisos, hace más expedita la tramitación de los proyectos de minería de menor envergadura y que cuenten con menos volumen de extracción de mineral mensual.
Marshall destaca que ambos reglamentos avanzaron en el paso de la consulta pública a la ciudadanía y privados, integrando estas observaciones al proceso de tramitación.
Además, recalca que son herramientas que estarán disponibles para la materialización más ágil de la inversión, ya que apuntan a permisos relacionados con las direcciones de Obras Municipales o con la materialización de proyectos de minería.
“Entonces, son modificaciones que hemos estado esperando para poder agilizar los procesos de inversión, que es parte de lo que nos ha interesado empujar durante toda esta administración”, dijo.
Apoyo en organismos internacionales
La implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales también se ha apoyado en la asesoría de organismos y actores internacionales, cuenta Marshall.
Por ejemplo, desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se han facilitado insumos con experiencias que se han desarrollado en otros países del mundo, como Canadá y Australia.
En tanto, durante los últimos meses, el Ministerio de Economía ha trabajado de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la elaboración del propio reglamento de la ley y de reglamentos para las THA.
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