La magnitud de la crisis social y económica provocada por el coronavirus amerita que el país deje de lado -al menos temporalmente- la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas que lo ha caracterizado en los últimos 30 años, para así destinar cuantiosos recursos fiscales (hasta US$ 12.000 millones) para enfrentar la situación en los próximos 24 meses.
El acuerdo por el plan de emergencia firmado entre el gobierno y la oposición el 14 de junio no solo establece las directrices para entregar apoyos a las familias y reactivar la economía una vez superada la emergencia, sino también los parámetros del impulso que entregará el sector público, que llevará a que la deuda pública pase de representar el 28% del PIB en 2019 a 44% del Producto en 2022, año en que comenzará una senda de retiro de los estímulos y retorno al orden en las cuentas fiscales.
Pero el sobregasto del período no le saldrá gratis al Fisco. Un informe del Centro Latinoamericano de Política Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) proyecta que en apenas tres años los gastos que desembolsa el Fisco en pagar intereses de su deuda aumentarán hasta 58%, pasando de los US$ 2.600 millones pagados en 2019 a hasta US$ 4.100 millones en 2022.
Esto implica, acorde al informe elaborado por el coordinador macro de Clapes UC, Hermann González, que el peso de dicho gasto en el Producto total pasaría de 0,9% a entre 1,3% y 1,5% del tamaño de la economía. Para hacerse una idea, en 2008 el Estado gastaba apenas 0,2% del PIB en pagar intereses por su deuda, equivalente a menos de US$ 500 millones.
El reporte toma como base tres escenarios: uno en el que la tasa de interés promedio aplicada al nuevo flujo de la deuda es de 2,5%, con lo que el gasto por intereses llegaría a US$ 3.645 millones en el período; el segundo, que dicha tasa se ubica en 3%, empinando los desembolsos a US$ 3.868 millones; y por último, una tasa de 3,5%, con lo que los gastos totalizarían US$ 4.091 millones a 2022.
"Hoy nuestro país puede acceder a tasas de interés muy bajas, debido al contexto internacional y a su muy buena clasificación de riesgo, pero nada garantiza que esta combinación virtuosa se mantendrá en el futuro. De hecho, es probable que en los próximos años veamos un incremento de las tasas de interés globales, e incluso antes que ello ocurra, podríamos tener un deterioro de la clasificación crediticia, todo lo cual elevará el costo de financiamiento para el gobierno, las empresas y las familias", complementa el economista.
Usos alternativos
Los cálculos de Clapes UC dan cuenta de que el aumento de la deuda pública bruta a 44% del PIB equivale a pasar desde los US$ 74.000 millones de 2019 a US$ 119.000 millones en 2022, es decir, un aumento de US$ 44.600 millones, 60% -o 16 puntos del PIB- en solo tres años.
"Esta proyección supone un tipo de cambio nominal constante y toma como referencia el punto medio del crecimiento del PIB real proyectado por el Banco Central en el último Informe de Política Monetaria (IPoM)", explica González.
El experto señala que en la discusión sobre el nivel de deuda de Chile se suele señalar que tanto el costo de la deuda, como el nivel de endeudamiento actual de nuestro país son bajos, con respecto a países de la misma clasificación de riesgo, "lo cual es cierto".
"Sin embargo, no se considera el costo financiero o pago de intereses que genera anualmente esta deuda y cómo este ha crecido en el tiempo a la par con el mayor endeudamiento público. Estos recursos tienen usos alternativos a los cuales podrían destinarse, como gasto social, por ejemplo, pero deben destinarse a pagar a los acreedores que han financiado el exceso de gasto en la última década", advierte el economista.
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