Los chilenos no fueron los mismos después de marzo de 2020. Así como la salud física y humana adquirió ribetes críticos en medio del confinamiento que generó la propagación del coronavirus, surgieron emergencias económicas vinculadas, por ejemplo, con el reto de enfrentar los compromisos crediticios en un contexto de caída de ingresos. Y esto implicó ajustes, tal cual lo refleja el estudio sobre "Hábitos y comportamientos financieros y de consumo durante la pandemia de Covid-19 ".
Basado en un total de 1.184 encuestados, el análisis de las universidades de La Frontera de Chile, Konrad Lorenz de Colombia y Nacional de Córdoba de Argentina, corroboró la indefensión de los hogares ante una emergencia económica.
De hecho, los antecedentes de la muestra (42,1% compuestos por chilenas y chilenos) reflejan “la extrema fragilidad” de la situación financiera en la mayoría de las familias chilenas, explica una de las autoras de la investigación y directora del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de UFRO, Marianela Denegri.
Decidor fue que casi el 55% de los chilenos indicó que no podían pagar ante un imprevisto que implique dinero y que tras el inicio de la pandemia la preferencia por la tarjeta de crédito como método de pago aumentó de un 14% a 17,9%.
Esta sensación se traduce, dice la académica, en la presencia de un permanente estado de alarma y de desprotección, acompañado de un aumento de la utilización del crédito para gastos cotidianos y demora en el pago de gastos fijos.
“La pandemia agudizó las condiciones de vulnerabilidad preexistentes. De hecho, en el contexto de la OCDE, Chile es el segundo país con más probabilidad de que una persona del tercer quintil, clase media-media, retroceda al segundo, media-baja. Igualmente, el 25% del grupo clasificado como vulnerable está en riesgo de descender al primer quintil, esto es, pobreza”, dice Denegri.
Coherente con lo anterior, el estudio evidenció que entre los principales temores de los chilenos aparece el perder el empleo (52,3%), enfermar o que alguien de su familia enferme y no poder financiarlo (48,3%) y no poder pagar los gastos básicos (46,3 %).
Y La mirada por género muestra que la aprensión es mayor entre las mujeres.
De todas formas -lo que también han mostrado otros estudios- hubo interés por cumplir. El 53,2% de los chilenos trató de pagar sus deudas y 4,4% mostró preocupación por atrasarse en los pagos.
O sea, como señala Denegri, el perfil de los chilenos es de “pagadores” en comparación con lo observado en los otros tres países de la muestra. “Estaban muy centrados en pagar las deudas y con angustia si debían retrasarse, especialmente en las deudas de consumos básicos. Ello los lleva a tener que elegir a qué cuentas dar prioridad cuando son incapaces de afrontarlas todas”, explica la investigadora.
Un esfuerzo que se condice con el hecho de que el 46% dijo haber hecho esfuerzos para llegar a fin de mes con suficiente dinero y el 26,7% buscó otras fuentes de ingresos durante el periodo de inicios de la pandemia.
Aumento del pago en crédito
Dado lo anterior, entre los chilenos aumentó el uso de la tarjeta de crédito durante el primer tiempo de la crisis sanitaria, asociada a una mayor cantidad de compras a través de plataformas digitales versus compras presenciales.
“También hay un tránsito a prácticas de consumo más austeras, con disminución de las compras impulsivas y de ofertas de un 40% a un 10%. Ello también implica un reordenamiento de las finanzas familiares con mayor concentración en gastos indispensables y en la reutilización y reciclaje”, señala Denegri.
Una conclusión que se explica por la inyección de liquidez en los hogares que se dio por los retiros de fondos de pensiones y a los esfuerzos fiscales del año pasado, explica la economista y académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales, Jocelyn Tapia.
La experta también señala que hubo un subsidio a los hogares más vulnerables, ya que a comienzos de año se promulgó la Ley que permite la prórroga del pago de las deudas impagas de servicios básicos contraídas entre 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 y que no superen el 15% del cobro asociado a su consumo promedio. "Esta medida permite a los hogares pagar sus deudas de servicios básicos sin generar presión sobre su carga financiera”, menciona Tapia.
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