La nueva Ley de Responsabilidad Fiscal estableció una regla fiscal dual, incorporándose ahora un límite prudente de deuda bruta. El actual Gobierno lo fijó en un 45% del PIB.
El Gobierno que asumirá el mando de la nación el próximo 11 de marzo tendrá una serie de desafíos que acometer, por ejemplo en materia de seguridad ciudadana, social y política. Esto último dependiendo de las mayorías que logre en la elección parlamentaria del 16 de noviembre, lo que determinará el espacio de maniobra que tendrá para desplegar su programa en el Congreso.
Pero al menos en materia económica pareciera no haber dos opiniones: continuar el proceso de saneamiento de las finanzas públicas será una de las principales tareas de quien asuma como nuevo ministro o ministra de Hacienda, sobre todo en circunstancias de que se anticipa que 2025 será el segundo año consecutivo en el que el Gobierno incumple su propia meta de balance estructural.
En 2024, el cierre del ejercicio fue un saldo negativo equivalente a un 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB), en circunstancias en que el compromiso del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) era de un saldo en rojo de 1,9% del tamaño de la economía.
Para el presente año, en cambio, la proyección más reciente del Gobierno es moderar ese déficit a un 2,2% del Producto, aunque su compromiso es un -1,6% .
El actual Ejecutivo, cuando asumió, tenía una trayectoria para pasar de un déficit estructural de 3,3% del PIB en 2022, a un saldo en rojo de 0,3% del Producto en 2026.
¿Y de cara a 2026? La ley de Presupuestos -actualmente en trámite en el Parlamento- establece un compromiso de llegar a una cifra de -1,1% del PIB, lo que explica a su vez la acotada expansión del gasto público para el próximo año. La planificación financiera de mediano plazo del actual Ejecutivo contempla llegar al equilibrio estructural (o sea, 0% del PIB) en 2029.
Los equipos económicos de las candidaturas presidenciales están analizando con lupa la situación presupuestaria que esperan heredar en poco menos de cinco meses, para así también definir cuál será su compromiso en materia de balance estructural, así como su objetivo en el nuevo componente de la regla fiscal dual: el techo máximo de la deuda bruta del Gobierno Central como fracción del PIB, que este Gobierno situó en hasta 45% del PIB.
Los asesores económicos de las tres candidaturas -hasta el momento- más encumbradas en las encuestas (José Antonio Kast, Jeannette Jara y Evelyn Matthei) revelan cuál será su compromiso en materia del balance de las arcas fiscales, así como si innovarán o no en el tope de la deuda para guiar la regla fiscal.
Todo esto, considerando que el nuevo Gobierno deberá dar a conocer su compromiso y trayectoria fiscal dentro de los primeros 90 días de iniciado su mandato.
Matthei: déficit menor al 1% a 2029
Desde la candidatura de Evelyn Matthei, los asesores económicos Gonzalo Sanhueza e Ignacio Briones son claros: “Lo central es fijar metas ambiciosas, pero cumplibles. No tenemos derecho a seguir fallando. Proponer alcanzar el equilibrio estructural en uno o dos años arriesga credibilidad, y eso es precisamente lo que debemos evitar”.
El nuevo Gobierno que asuma el 11 de marzo tendrá un plazo de hasta 90 días para publicar el decreto con las bases de su política fiscal, que incorporará su compromiso de balance y de límite prudente de la deuda.
Por lo tanto, los economistas señalan de que prevén asumir el mando de las finanzas públicas con un saldo estructural negativo de “al menos” un 2,2% del PIB, por lo que esperan cerrar una virtual administración con un saldo en rojo menor al 1% del PIB en 2029.
“Para lograrlo, combinaremos ajuste y eficiencia fiscal por US$ 2.000 millones anuales -equivalentes a US$ 8.000 millones en cuatro años- y un crecimiento del gasto público sistemáticamente inferior al del PIB”, señalan Sanhueza y Briones.
Adicionalmente, adelantan que mantendrán como una de las anclas el 45% del PIB como el tope máximo de la deuda bruta durante su gestión.
“Hoy el país ya paga cerca de US$ 5.000 millones anuales en intereses. Superar ese umbral de deuda implicaría aumentar aún más ese gasto y encarecer el costo de financiamiento de toda la economía”, explican los representantes de la candidatura de la exalcaldesa de Providencia.
Kast: terminar el Gobierno con superávit
El jefe del equipo económico de la candidatura de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, señala que mantendrán el tope máximo de la deuda en 45% del Producto, así como apuntar a un equilibrio fiscal hacia el cierre de una virtual administración, en 2029.
El economista afirma que comparte el diagnóstico del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de que en las actuales circunstancias es “altamente probable” que el techo de la deuda bruta se supere tan temprano como 2027.
“Esto no hace más que confirmar que el compromiso nuestro de converger hacia un balance estructural dentro del período de Gobierno e ir tendiendo a superávit estructurales hacia fines del período es algo que mantenemos absolutamente. Así, mantenemos nuestro compromiso de no superar la línea de la deuda prudente”, sostiene el experto.
Quiroz plantea que hay dos argumentos para no rebasar dicho límite: un tema de “credibilidad”, ya que ajustar un ancla que se fijó y consolidó en la actual administración generaría que la credibilidad fiscal “pasaría a ser cero”. Y el segundo argumento, es que en el actual contexto geopolítico la “única defensa” que tienen economías pequeñas y emergentes como la chilena es tener un nivel de deuda estructurado con plazos de pago lo más lejanos posibles, algo que es “difícil” de lograr hoy debido a que los mercados de deuda de más largo plazo “se están secando”.
Jara: convergencia y estabilización de la deuda
El integrante del equipo económico de la candidatura de Jeannette Jara, Nicolás Bohme, no explicita números respecto de balance ni de tope de deuda, pero sí compromete una trayectoria de “reducción del déficit hacia la convergencia estructural y la estabilización de la deuda pública”.
“Para lograrlo, las medidas de nuestro programa que requieran gasto adicional, estimadas en 1% del PIB, estarán plenamente financiadas mediante reasignaciones de gastos y medidas que elevan los ingresos fiscales”, explica el economista. Para ello, dice, se van a considerar propuestas hechas por la Comisión Asesora para Reformas Estructurales del Gasto Público y el informe de la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad del 2021.
“Junto con ello, el aumento de la capacidad de crecimiento de nuestra economía, resultado de las medidas propuestas en nuestro programa, entregará ingresos fiscales adicionales”, promete.
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