Un acuerdo para continuar con la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales se dio este jueves entre los representantes económicos de los candidatos presidenciales.
En el marco del seminario “Permisología para el crecimiento: lecciones y recomendaciones para Chile 2026-2030”, organizado por Clapes UC, los voceros de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Jeannette Jara destacaron el recientemente aprobado proyecto del Gobierno, que pretende reducir los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión entre un 30% y 70%.
Una señal que llega cuando se espera que el Gobierno deje el grueso de la iniciativa implementada antes de marzo del 2026, aunque habrá partes que quedarán a cargo de la próxima administración, como los reglamentos y el funcionamiento de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversiones.
“Una reforma de esta naturaleza es una reforma compleja, de implementación difícil y siempre van a contar conmigo para trabajar en esa dirección”, dijo el ministro Grau.
De hecho, el mismo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, -quien impulsó la ley desde la cartera de Economía- reconoció que estará disponible para la implementación durante el próximo eventual Gobierno.
“Una reforma de esta naturaleza es una reforma compleja, de implementación difícil y siempre van a contar conmigo para trabajar en esa dirección”, dijo.
Continuar con la implementación
Desde el comando de Chile Vamos, su representante económico, Juan José Obach, destacó el proyecto como una política de Estado que avanza sobre el esfuerzo que han hecho distintos gobiernos para hacerse cargo de la denominada "permisología".
De esta manera, fue enfático en recalcar que “está todo el ánimo de avanzar” con la implementación en una eventual administración de Evelyn Matthei.
“La efectividad de este proyecto se la va a jugar en los reglamentos que se tengan que dictar, en particular para definir el nivel de riesgo de los permisos, y también en los revisores externos que puedan ayudar a los evaluadores del Gobierno a ser más expeditos”.
Sin embargo, también precisó que, como parte del programa, la Oficina pasaría a funcionar bajo el alero de Presidencia y no del Ministerio de Economía, como quedó estipulado en la ley.
“La importancia que tiene este tema requiere de un apoyo presidencial y por eso nosotros creemos que es muy importante tener a la oficina en Presidencia y con eso dotarla también de un mayor peso político”, señaló.
Por su parte, el coordinador económico de candidato por el Partido Republicano, Jorge Quiroz, también valoró el proyecto de ley como una buena iniciativa, pero “totalmente insuficiente para enfrentar el problema de fondo y generar un impacto alguno en el corto plazo”.
Así, indicó que en un eventual Gobierno de José Antonio Kast se implementará la ley para promover la facilitación regulatoria, de forma que genere un impacto materialmente relevante. “Si el Gobierno actual avanza en este sentido, claro que buscaremos una colaboración fluida en la transición para implementarla”, dijo.
No obstante, indicó que todavía se pueden realizar medidas sin necesidad de la ley, particularmente en materias que quedaron excluidas, como los permisos ambientales, “que es nuestro foco con mayor urgencia”.
Acerca de cuál sería su primera medida como Gobierno para enfrentar las demoras en tramitación de permisos, indicó que “se convoca al Consejo de Ministros y se aprueban los US$ 7.000 millones que están ahí parados esperando que se reúnan”.
El representante económico de la candidata por Unidad por Chile, Luis Eduardo Escobar, también reconoció que la Ley de Permisos Sectoriales es “probablemente lo más importante que ha hecho el Ministerio de Economía en los últimos 20 años”.
Por lo mismo, precisó que van a trabajar sobre la base del proyecto en su implementación en una virtual administración de Jeannette Jara.
“Nosotros vamos a seguir, hay que crear esta Oficina de la que habla el ministro Grau, también crear esa suerte de superintendencia y hay que cambiar una serie de reglamentos, por lo que hay mucha pega por delante”, dijo.
Mantener consulta indígena, pero con cambios
Los representantes económicos también estuvieron de acuerdo con que se siga realizando la consulta indígena, pero consideraron que deben hacerse modificaciones.
Escobar recordó que el mecanismo es parte de la Ley chilena y que, además, es parte del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Acerca de las modificaciones a realizar, indicó que “tal vez lo que hay que hacer es que hay que ver cómo le podemos dar una cierta razonabilidad y racionalidad al proceso”.
Por su parte, Obach propuso que “no es el titular del proyecto el que tiene que definir cuáles son las comunidades indígenas afectadas, sino que es el mismo Estado el que le tiene que decir cuáles son las comunidades”.
Quiroz estuvo de acuerdo con este planteamiento y señaló que hay un error legislativo previo, pero que más que hacer un proyecto de ley para corregirlo, “hay que partir con el tema de gestión”.
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