El denominado pacto fiscal, que permitió sacar adelante una serie de proyectos de la agenda económica del Gobierno -como la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias- consideró una serie de compromisos de parte del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Por ejemplo, solicitar asesorías a organismos internacionales para ayudar al Estado chileno a afinar la metodología con la cual calcula año a año sus ingresos; u otra que busca explorar potenciales ganancias de eficiencia mediante ajustes a la estructura presupuestaria.
Esta última asesoría fue hecha, en septiembre de 2023, por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), cuyas recomendaciones recibió la Dipres en los últimos días.
Las sugerencias del informe -de 39 páginas- se enfocan en realizar ajustes a la estructura presupuestaria para una mejor vinculación con la información de desempeño, profundizando lo que se conoce como presupuesto por resultados. O sea, estrechar la relación entre el devenir de las evaluaciones del Presupuesto y los recursos que se otorgan para determinadas políticas.
Por el lado de las fortalezas, el documento destacó que el marco legal presupuestario está bien establecido, con un cronograma claro y estable; que existe un alto nivel de transparencia y acceso público a información, destacando las competencias técnicas en Dipres y ministerios sectoriales, además de la correcta identificación de la oferta programática pública para hacer seguimiento de los recursos.
Dónde corregir
Sin embargo, la OCDE también identificó desafíos, como el “excesivo” detalle de más de 4 mil asignaciones (que identifica el motivo específico de un ingreso o gasto); la existencia de 398 programas presupuestarios y más de 2.700 glosas, que son las instrucciones en el Presupuesto que describen procedimientos y/o condiciones para el gasto, o que establecen deberes de entrega de información.
También detectó una alta fragmentación de programas públicos de menor tamaño; la presencia de programas presupuestarios que no están definidos en función de objetivos estratégicos; entre otros puntos.
Así, la entidad le sugirió a Chile profundizar aún más el vínculo entre los resultados de evaluaciones y la asignación de recursos.
En específico, evidenció que si bien los resultados de las evaluaciones tienen implicancias en el diseño y gestión de los programas estatales, su efecto sobre el financiamiento puede resultar “limitado”.
Eso sí, el organismo reconoció que en los últimos cinco años ha habido una mejor integración del monitoreo y la formulación presupuestaria, lo que se ha reflejado en una mayor inclusión de los resultados de la revisión de oferta programática en la elaboración del erario fiscal.
En cuanto a calidad, accesibilidad y uso de información de desempeño, la OCDE recomendó a la Dipres mejorar la calidad de objetivos estratégicos e indicadores de desempeño. Esto, significaría disminuir la cantidad de objetivos estratégicos en cada institución para evitar que se superpongan entre sí; reformularlos para que sean más específicos, medibles, alcanzables, robustos y temporalmente acotados; facilitar el vínculo con indicadores que midan resultados; y actualizar el formato del formulario que contiene indicadores de desempeño.
Con miras a 2026
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, recalcó que el Gobierno ha dado pasos para vincular cada vez más las decisiones presupuestarias a la información que genera el sistema de monitoreo y evaluación de programas públicos.
“Una de las principales herramientas que hemos utilizado para contener el gasto público y, al mismo tiempo, resguardar las urgencias de las familias ha sido reasignar recursos. El Presupuesto 2024 se rebajó en $ 1,6 billones respecto de 2023, y en $ 1,5 billones este año respecto de 2024, con lo que generamos espacio fiscal para financiar políticas como la Pensión Garantizada Universal, el incremento de más de 16% en recursos para policías, o los apoyos focalizados transitorios para PYME y familias”, agregó.
Asimismo, Martínez adelantó que el informe de la OCDE será un “insumo relevante” para la formulación del Presupuesto 2026.
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