El Tribunal Constitucional (TC) finalmente entregó su sentencia respecto del control de constitucionalidad de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, dejándola lista para su promulgación como ley de la República.
El ministro García dijo que están adelantando trabajo para cumplir con el objetivo de que quede totalmente operativa durante este Gobierno para potenciar el impulso a la inversión.
De acuerdo al órgano, se resolvió que el artículo 122 (que norma sobre la jefatura de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversiones) se encuentra ajustado a la Constitución, mientras que para el resto de las disposiciones del proyecto decidió no emitir pronunciamiento en el examen preventivo de constitucionalidad por no versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional.
“En ese sentido, en un mero test de evidencia entre las normas controladas ya mencionadas y las disposiciones de la Carta Fundamental, se deriva que las materias tratadas por ellas son propias de preceptos orgánicos constitucionales”, señaló el TC en su sentencia que se conoció este jueves.
Con esto, el proyecto cumple con su último paso, después de haber sido despachada en su tercer trámite constitucional de la Cámara de Diputados en julio pasado, y quedaría lista para convertirse en ley.
Gobierno valora nuevo paso
Al respecto, el ministro de Economía, Álvaro García, destacó que con el fin de la revisión por parte del TC, el proyecto queda en condiciones para ser promulgado y publicado.
“En el ministerio estamos preparados para esta nueva etapa que viene que es la implementación de la normativa, estamos adelantando trabajo para cumplir con nuestro objetivo de que la Ley de Permisos quede totalmente operativa durante este Gobierno para potenciar el impulso a la inversión, pilar fundamental del crecimiento”, dijo.
El detalle de la iniciativa
La iniciativa del Ejecutivo llegó al Parlamento en enero de 2024 con el fin de reducir los tiempos de tramitación de los permisos para proyectos de inversión entre 30% y 70%, dependiendo de la magnitud de los mismos.
En esta línea modifica 380 autorizaciones sectoriales, que pertenecen a 37 servicios y 16 ministerios.
Así, el proyecto impulsa la creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, la que estará al interior de la Subsecretaría de Economía. Sus funciones serán coordinar, monitorear, asesorar y operar el sistema. Para esto, tendrá un jefe e impulsará mesas regionales y la modernización continua de permisos.
Además, debutará el uso de las llamadas Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), declaraciones juradas o avisos que reemplazarán a los permisos de bajo riesgo y que estarán sujetas a fiscalización ex post. En caso de fraude, habrá sanciones.
Ahora, el Congreso aún debe remitir el oficio correspondiente, por lo que comienza a regir el plazo de diez días para la promulgación de la ley. Luego, la Contraloría General de la República (CGR) deberá tomar razón y corren cinco días para su publicación en el Diario Oficial, gestión que recae en la cartera de Economía.
Puntos principales de la nueva normativa
El “sistema”: Se trata del Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por la correcta tramitación de las autorizaciones sectoriales y técnicas habilitantes alternativas (THA) aplicables a proyectos o actividades.
Declaración jurada: Documento suscrito por el titular que manifiesta que cumple con requisitos y condiciones para proceder a su construcción, instalación, habilitación, funcionamiento, desarrollo, suspensión, cierre o cese. No requiere autorización.
Tramitación ágil: Implica la reducción a la mitad de los plazos máximos de tramitación de autorizaciones sectoriales en proyectos de inversión estratégicos.
Silencio administrativo: Instrumento que puede ser solicitado por el titular cuando haya transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una solicitud de autorización por parte del servicio sectorial. El Super emitirá un certificado de forma automática y de ser positivo, tendrá efecto legal desde el día siguiente al vencimiento del plazo.
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Amanda Santillán
