Una iniciativa que complementa la Ley de Compras Públicas, y que apunta en lo esencial a inhabilitar del registro a los dueños, socios, accionistas y controladores de empresas que hayan incumplido parcial o completamente con un contrato suscrito con la Administracion Pública o hayan prestado un servicio deficiente, presentó el diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Paulsen, en un afán por depurar el listado en beneficio del Estado.
El artículo único que se agrega al 16, inciso segundo, de la Ley 19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, establece que “será circunstancia inhabilitante para pertenecer a dicho registro cuando los dueños hayan incumplido previamente otro contrato con la Administración del Estado por medio de una empresa donde sea o haya sido socio mayoritario, accionista mayoritario o controlador de acuerdo a lo regulado en el artículo 97 de la ley 18.045”.
Lo que motivó esta iniciativa, explica su autor, es que “yo represento a una de las regiones más pobres de Chile (La Araucanía), donde la inversión del Estado es importantísima y nos ocurría que muchas veces llegaban a la región algunas empresas que se presentaban con una solvencia importante, pero cuando empezaban a ejecutar las obras, inmediatamente quebraban y las dejaban a medias. Entonces, la inversión estatal en la región se veía perjudicada y mermados otros proyectos” y esto es lo que se pretende revertir.
En la presentación de la iniciativa, que ingresó a la Cámara el pasado 24 de julio, se argumenta que la necesidad de legislar en esta materia surge a partir del “incumplimiento evidente que notamos en las contrataciones efectuadas por el Estado y el ingenio de algunos empresarios para evadir los controles estipulados a nivel legal y reglamentario” y que “no obstante haber incumplido con el Estado (de distintas maneras), siguen inscritos en el registro o bien mutan jurídicamente, encontrando la manera de inscribirse nuevamente”.
En este sentido, el objetivo central de la iniciativa, en palabras de su promotor, es garantizar el buen uso de los dineros fiscales. Por lo que, si las empresas que aspiran a ejecutar un proyecto del Estado tiene algún antecedente previo de mal comportamiento, “deberán quedar fuera de la licitación y vamos a empezar a limpiar el listado, dejando sólo las que quieren trabajar de buena fe en la región”, subraya Paulsen. Ello, porque en la Región de La Araucanía en particular, con el Plan Araucanía, añade, “tenemos una importante cantidad de recursos que se licitan y queremos que se usen de buena manera”.
También suscribieron el proyectos los diputados leopoldo Pérez (RN), Jaime Mulet (FRVS) y el segundo viceopresidente de la Cámara, Pepe Auth, entre otros.
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