Mediante un estudio publicado ayer, la Asociación de AFP endosó la responsabilidad del daño previsional de los empleados públicos al Estado, ya que, según el documento, éste realizó las cotizaciones previsionales a sus trabajadores por menos del 50% de su ingreso real, y calculó un bono de reconocimiento por la mitad de lo que correspondía.
Según consignó el estudio, “hay trabajadores que deberían tener en sus cuentas más de $118 millones adicionales, y que no están porque se les subcotizó para pensiones”, es decir, que se les pagó menos del monto que exige la ley por concepto de ahorro previsional.
El problema se habría originado porque, en los años 1987 y 1993 se dictaron leyes que corrigieron la discriminación que se hacía para los empleados fiscales, pero beneficiando sólo a quienes se quedaron en las antiguas cajas, sin dar igual trato a los que se cambiaron al sistema de capitalización individual de las AFP.
Los trabajadores más dañados tienen, por quintil de ingreso, entre 680 y 5.073 UF, lo que equivale a $86 mil y $643 mil adicionales a la pensión que obtienen actualmente.
Las conclusiones arrojaron que “el daño previsional de los empleados públicos es grave y es responsabilidad del Estado repararlo”.
La asociación, además, realizó un llamado a que el Estado reconozca esta situación, “para lo cual se debería pagar un bono de reconocimiento complementario”, que corresponde a aquella parte de las remuneraciones que no se cotizó, y a la porción del bono de reconocimiento que fue subcotizado.
Del mismo modo, agregan que al bono por reconocimiento “se debería agregar el monto faltante no cotizado y el subcotizado, y reincorporar la rentabilidad que los funcionarios públicos dejaron de recibir por ambos conceptos.