DOLAR
$928,25
UF
$39.272,30
S&P 500
6.198,01
FTSE 100
8.785,33
SP IPSA
8.211,83
Bovespa
139.549,00
Dólar US
$928,25
Euro
$1.093,16
Real Bras.
$169,55
Peso Arg.
$0,76
Yuan
$129,55
Petr. Brent
67,06 US$/b
Petr. WTI
65,35 US$/b
Cobre
5,12 US$/lb
Oro
3.342,67 US$/oz
UF Hoy
$39.272,30
UTM
$68.923,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Lunes 26 de marzo de 2018 a las 04:00 hrs.
El requerimiento llegó a Contraloría. ¿La autopista Costanera Norte cumple con las exigencias ambientales dispuestas en 1998, cuando se autorizó su construcción?
Según expuso al ente fiscalizador el ingeniero en transporte Rodrigo Quijada Plubins (que ha participado en directivas de varias organizaciones ciudadanas), el titular del proyecto nunca implementó una red de monitoreo, ni sus informes periódicos, ni las compensaciones de emisiones contempladas en la RCA de 1998.
Frente a esto, la Contraloría requirió un informe de la Dirección General de Obras Públicas, que remitió una minuta elaborada por el inspector fiscal de explotación del mencionado contrato de concesión, la que señaló, en lo medular según el órgano fiscalizador, que el titular de la obra ha dado cumplimiento a las exigencias de la respectiva RCA, incluyendo una red de monitoreo de calidad del aire, la que con frecuencia anual incluye una auditoría independiente.
No obstante, el contralor Jorge Bermúdez, en un documento con fecha 14 de marzo de 2018, señaló: “Se ha estimado del caso remitir los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente a fin de que dé respuesta directa al recurrente sobre la problemática”. 
La entrada de nuevos proyectos de alto estándar elevó la vacancia y los precios (por primera vez en dos años). Esta situación podría aumentar la diferencia entre los edificios de última generación y los más antiguos que requieren mejoras.
El director ejecutivo del Instituto de Tecnologías Limpias dijo que este año iniciarán la construcción de una hoja de ruta y en 2026 proyectan tener los primeros desarrollos.
Acorde a datos de la Dipres, la mayor baja se produjo en las subsecretarías y servicios públicos, así como en los servicios de salud, mientras que aumentó en los organismos autónomos, Gobiernos Regionales y los SLEP.