La nueva Ley de Etiquetado de los Alimentos y su ofensiva contra los alimentos altos en azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías, se convirtió en el epicentro de una fuerte polémica entre privados y autoridades sectoriales frente al aterrizaje de su reglamento, el que establece advertencias gráficas en los envases, prohíbe la venta en escuelas y la publicidad en canales dirigidos a menores de 14 años.
Y si bien esta dinámica se ha ido inclinando en las últimas semanas al logro de acuerdos en temas concretos, en la cuenta regresiva para su entrada en vigencia este 27 de junio, entre los privados persisten críticas a la falta de claridad, mientras en la esfera gremial llevan los cuestionamientos a la denuncia de cambios de criterios, “intransigencia” y “desconocimiento de la realidad” por parte del gobierno.
Argumentos que el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, refuta de plano. “En los temas en los que se dice que no existe claridad, hemos respondido formalmente por escrito a los representantes. Además, están refrendados con dictámenes de la Contraloría cuyo trámite de toma de razón del reglamento fue bien expedito. Entonces, la claridad es absolutamente una certeza”, asegura sobre la disposición con la que se abordaron los encuentros con la comunidad y mesas de trabajo con las empresas desde julio del año pasado.
En esta línea, Burrows enfatiza que la flexibilización a distintos aspectos de la norma y fiscalización, no obedece a una estrategia de último minuto, sino que es resultado de una apertura permanente al diálogo. “Siempre hemos tenido convicción respecto de las cosas que hay que hacer, pero con flexibilidad respecto de las posiciones de distintos actores y representantes de la industria, y algunas ideas que nos plantearon fueron incorporadas”, indica, como es el caso de la ampliación del plazo de entrada en vigencia para los productores de 6 meses a un año, y el cambio del criterio para fijar el tamaño de los sellos de advertencia.
-¿Qué ejemplos destaca en este diálogo con la industria?
-Dentro de las muchas industrias que han tenido esa intención, los primeros que nos comunicaron su cambio fueron los productores de pollos marinados, que hicieron el esfuerzo de bajar el contenido de sal. Y los fabricantes de cereales empezaron a reducir el azúcar. Incluso, nos han propuesto implementaciones del etiquetado ex post.
-¿En qué casos?
-Por ejemplo, Coca Cola nos planteó el problema con los envases retornables por el gasto e impacto medioambiental que tendría su cambio, además de la norma del Código Sanitario que considera el tiempo de vida útil para efectos de reemplazar los etiquetados. Ellos nos propusieron poner el sello en la tapa desechable -que es flexibilizar el reglamento-, y lo acogimos porque entendemos su disposición a cumplir la norma.
-¿No es que el Minsal ha cedido su posición dura inicial ante la presión de las críticas y denuncia de problemas?
-Esa es una sensación equivocada. Al contrario, diferenciamos a las Pymes estableciendo más tiempo para que se puedan adaptar, involucrando al Ministerio de Economía y la Corfo para dar facilidades y ayuda a los cambios tecnológicos. Esta ha sido también la tónica de las directrices a los Seremis: en ningún caso hemos querido que esto se convierta en un problema con industrias que boten alimentos o se generen importantes pérdidas, al contrario.
-¿Cómo explica la ofensiva que justamente acusaba estos impactos?
-La actitud de algunos intermediadores en el diálogo ha sido bastante incomprensible, además de desconocer la historia y capacidad de este ministerio de razonar sobre la legislación y los reglamentos. Entre octubre y noviembre pasados, los representantes de AB Chile nos pidieron aclarar ciertos temas, que clarificamos totalmente, incluso señalando algunos espacios de flexibilidad. Sin embargo, se apostó a que se podía bajar el reglamento con una consulta a la Contraloría. El dictamen no sólo nos dio la razón, sino que especificó cosas que nos redujo un poco el espacio para eventuales flexibilidades. Y posteriormente se volvió a insistir, lo que implicó un nuevo dictamen en mayo.
-¿A qué atribuye la estrategia gremial de AB Chile?
-A mi juicio, tiene que ver más bien con una apuesta política de los personajes involucrados, en vez de buscar puentes de diálogo. Esa sensación equivocada de discrepancias y peleas con la industria fue creada artificialmente, y ha jugado en contra del trabajo.
-¿Se refiere al presidente de AB Chile, Rodrigo Álvarez y su advertencia de pérdidas por US$ 50 millones?
-Sí, exactamente.
Aumentan fiscalizadores
-¿En cuánto crecerá el número de fiscalizadores?
-El número de fiscalizadores es sorprendentemente bajo, pero eficiente. En promedio, una seremi tiene cinco para el tema de alimentos, y pedimos un espacio presupuestario para agregar uno más, en promedio, este año y otro más el próximo. En la práctica, es un 40% más de fiscalizadores a lo largo del país.
-¿De qué manera van a manejar los distintos plazos de implementación de la norma entre empresas grandes y pequeñas?
-No es un tema complejo, y los sistemas informáticos permiten mejorar bastante el manejo. De hecho, a los fiscalizadores en terreno les estamos entregando tablets para ver las bases de datos disponibles. Es importante la colaboración de los proveedores, y en el caso de las pequeñas empresas, ellas tienen que hacer la identificación de productos.
-En el mercado se están reemplazando las denominaciones light o diet por conceptos como line o balance. Si acciones como estas, u otras, llegaran a alterar el sentido de las advertencias, ¿está previsto aplicar normas adicionales?
-Más que generar una norma adicional, debemos dar un tiempo de certeza jurídica y evaluar. Si empezamos a ver que hecha la ley hecha la trampa y resulta en una ineficacia en la implementación, ahí habrá que ver si hay que modificar. Pero al final del día, las empresas van a cambiar la composición de sus alimentos.
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