Ruido ha generado en el entorno financiero la normativa integrada en el proyecto de Reforma Tributaria que permitirá declarar capitales de personas naturales y jurídicas de origen chileno, desde el extranjero, con un beneficio impositivo (pago de un 8% por sólo un año). Y no sólo por el carácter ético del que dudan varios parlamentarios DC. La indicación abriría la puerta a perjuicios para quienes “contribuyan” con los actores que decidan no acogerse a la modalidad, lo que obligaría a algunos a excluir ingresos de sus negocios incluso al punto de ponerse en riesgo.
Una fuente del sector financiero sostiene que “esto puede afectar a distintos actores del área, bancos, corredoras, todos los que manejen fondos de chilenos fuera del país”, pero que “los más afectados, definitivamente, serán los Multi Family Offices”.
El grupo de la discordia
La misma fuente asegura que nadie se querrá arriesgar a la multa -que en caso de declarar como propios bienes o rentas de terceros, ascenderá hasta el 300% del valor de los activos involucrados-, pero como “los MFO no tienen el volumen de los bancos, perder US$ 100 millones en esta área puede dejar a varios fuera y acá surge la duda de qué ocurrirá con los dineros que no se acojan a la amnistía”.
Desde el mercado remarcan que, en el citado contexto, los dineros no declarados no forman parte de una mayoría, pese a lo cual reconocen que sí pueden ser significativos.
En la iniciativa impulsada, se establece como requisito el levantamiento del secreto bancario para que el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Banco Central puedan acceder a la información de los capitales declarados e intercambiarla entre dichas reparticiones públicas y otras que requieran de esos antecedentes.
Cambio cultural
Para la fuente, “es probable que, al mismo tiempo, los bancos extranjeros evalúen el cierre sus oficinas de Wealth Management y sólo dejen a banqueros individuales viajando para acá, sin ninguna forma de auditoría”. Otra alternativa, complementa, sería dejar abierta la oficina, pero con la condición de que los que estén ahí “se encuentren en regla”. Afirma que esta normativa “no es negativa o positiva per sé”, y que responde a una tendencia mundial que apunta a la transparencia impositiva, “y a que los dineros sean declarados”.
Algunas MFO consultadas declinaron entregar por el momento su opinión al respecto, mientras que una fuente cercana a una de ellas manifestó que “esta es una ventana” y no necesariamente algo “dañino” para esta industria.
De acuerdo con la indicación, a partir del 1 de enero de 2015 los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1 de enero de 2014, “podrán optar voluntariamente por declarar ante el SII (…) sus bienes y rentas que se encuentren en el extranjero, cuando habiendo estado afectos a impuestos en el país, no hayan sido oportunamente declarados y/o gravados con los tributos correspondientes en Chile (...)”.
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