En medio de la crisis ambiental que enfrentaron Quintero y Puchuncaví en agosto pasado, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) vio un incremento significativo en su presupuesto para este año, cercano al 12%, alcanzando un total de $ 11 mil millones. Ese aumento de recursos fue uno de los primeros puntos que se instaló en el debate generado por los episodios de contaminación, cuando el entonces superintendente Cristián Franz expuso la estrechez financiera que afectaba las funciones de la entidad, en referencia al monto por $ 9 mil millones asignado en el erario nacional de 2018.
Sobre la base de su presupuesto 2019, la entidad definió un conjunto de tareas para potenciar su capacidad institucional y asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental. El superintendente del Medio Ambiente (s), Rubén Verdugo, explica que los recursos aprobados permitirán financiar gastos como los que demandan las actividades de coordinación de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental (Renfa) y proyectos específicos para mejorar los procesos de competencia de la entidad.
Entre los destinos de estos mayores recursos está el incremento en la dotación de fiscalizadores. En el presente ejercicio, se sumarán diez nuevos integrantes –principalmente en regiones– que se agregan al equipo de seis funcionarios destinados a la próxima oficina de la SMA en la Región del Ñuble (estrenada el 6 de septiembre pasado), con lo cual llegará a un total de 16 dependencias a lo largo del país.
La autoridad agregó que la ejecución de la actividad fiscalizadora será fortalecida por el apoyo de sistemas informáticos para incrementar la eficiencia y efectividad, junto a un uso más intensivo de herramientas de incentivo al cumplimiento de los objetivos.
Señaló que estas medidas están en sintonía con los objetivos estratégicos fijados por el Ministerio del Medio Ambiente en la Ley de Presupuestos, tales como “modernizar al Servicio de Evaluación Ambiental y la SMA, e intensificar la fiscalización de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental”. En este marco, destacó el fortalecimiento de “la acción de la superintendencia en los casos de Quintero y Puchuncaví”.
Sectores en la mira
Según consignó un oficio del 28 de diciembre del año pasado, entre los sectores económicos potencialmente fiscalizados –por parte de la SMA y otros 13 organismos sectoriales– mediante el programa y subprogramas de fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental del año 2019, Minería es el primero en la lista con un 23%. Le siguen Saneamiento Ambiental (17%), Energía (13%), Pesca y Acuicultura (12%) y Agroindustrias (10%).
A continuación, figuran Instalación Fabril (4%) y los sectores Forestal y Transportes y Almacenajes (2%).
Las otras prioridades
En este escenario, Verdugo aseguró que este año la entidad “dará especial énfasis a la mejora de los tiempos de tramitación de los procedimientos sancionatorios, lo que implica necesariamente una tramitación más expedita del expediente y una reducción en los tiempos de resolución de casos”. Esto, aclara la autoridad, sin descuidar la debida fundamentación que requiere la dictación de todo acto administrativo.
Esta última materia es crucial, ya que la SMA ha reconocido que enfrenta demoras en la gestión y que es necesario introducir mejoras para acelerar su capacidad de respuesta. Incluso, esta situación se habría agudizado por el proceso de transición en el que está la organización tras la salida de Franz, que arrastró un conjunto de movimientos de personal que tienen hoy al organismo con tres subrogantes en las áreas clave (Fiscalización, Fiscalía, y Sanción y Cumplimiento).
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