La fórmula para dar mayor autonomía a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) estaría generando discrepancias entre el regulador y el ministerio de Hacienda.
Esto, de acuerdo a fuentes conocedoras de la iniciativa, en un marco en el que la cartera encabezada por Alberto Arenas ya se habría mostrado a favor de un “gravamen” desde las entidades financieras al Fisco en reemplazo de la actual transferencia directa que realizan éstas a la superintendencia. La semana pasada, el impulsor del proyecto, Eugenio Tuma, junto al Senado, enviaron a la Presidenta Bachelet un oficio para que genere una indicación al respecto en la Ley de Presupuestos 2015, pese a que para el ente dirigido por Eric Parrado lo propuesto no cumpliría con los estándares externos, que apuntan a una “autonomía plena” de la SBIF, al estilo del Banco Central.
De este modo, en caso de que se impulsara la medida, los $ 42.000 millones anuales que provienen de la industria (pese a que la SBIF utiliza $ 14.000 millones y el monto sobrante va al Estado), se convertiría en lo que Tuma llama un “impuesto adicional” para el sector, donde la cifra y el saldo irían directamente a la Tesorería General de la República. En contraste, la posición de la SBIF se sustentaría en lo que ya han planteado la OCDE y el FMI. Esta última organización, enfatizó en su último informe sobre Chile en la importancia de fortalecer la independencia y la protección legal de agentes reguladores como la SBIF y la SVS.
Advirtieron, en esta dirección, que el fuerte rol de los conglomerados en el sistema financiero requiere de un enfoque de supervisión “más consolidado”.