Para la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el hecho de que Julio Ponce Lerou gestione a las controladoras de las Sociedades Cascada de manera unipersonal, es un hecho. En la resolución entregada la semana pasada, el regulador destaca que la defensa del controlador indirecto de las Cascadas interpreta “de manera ligera ciertos hechos”.
Esto, al no poder contradecir que Ponce fuera el controlador de las Cascadas, “que tomaba y/o toma las decisiones sociales de las sociedades controladoras de éstas de manera personal y que los aumentos de las Sociedades Cascadas están interrelacionados entre sí”. Es más, la SVS concluye que lo señalado por la defensa de Ponce, sólo viene a confirmar que éste último abusó de su condición de contolador, para procurarse oportunidades de negocios, las que iban en desmedro del interés social de las propias Cascadas.
Aumentos de capital de 2008
Uno de los puntos interpretados de manera ligera por la defensa de Ponce según el regulador es la comunicación entre Ponce Lerou y la SVS a raíz de los aumentos de capitales de las Cascadas.
En esa oportunidad, el regulador requirió que se especificaran los montos de estas capitalizaciones, a lo cual el gerente general respondió que se determinarían en las juntas. La SVS formuló similar consulta a Ponce, quien respondió: “en mi carácter de controlador indirecto de la sociedad, y a través de las sociedades que controlo, propondré a la junta de accionistas...”.
El regulador concluye que Ponce “no sólo hizo valer su condición de controlador para Norte Grande (NG), sino que hizo lo mismo para Oro Blanco (OB) y Pampa Calichera (PC), no obstante que los controladores inmediatos no eran Ponce sino que sociedades anónimas abiertas con accionistas minoritarios y con su propia administración”.
Siete meses más tarde, Ponce respondería a la SVS que Inversiones SQ realizaría las gestiones necesarias para que el plan de recapitalización se llevara a cabo según lo definido. En esa presentación, Ponce habría adelantado diversas operaciones de financiamiento y desinversión de estas sociedades en 2009; las que no habían sido acordadas dentro del directorio de las mismas, indica la SVS en la formulación de cargos.
Para la defensa de Ponce, “es perfectamente lícito, legítimo y admisible que nuestro representado anuncie y proponga medidas como las contenidas en su carta de fecha 20 de noviembre de 2008, incluso que asuma el compromiso de que sean luego implementadas por las sociedades respectivas”.
Esto, porque la actuación de Ponce se limitaría a una “promesa de un hecho ajeno (...) es más, si en la práctica se efectuaron dichas operaciones fue simplemente porque dichos órganos lograron convencerse acerca de su conveniencia”.
Es más, incluso responde a la defensa -que argumentó que Ponce “no tuvo ninguna intervención ni participación en las juntas”- que “no es necesaria su presencia en la junta de accionistas para hacer valer sus instrucciones, las que fueron cumplidas por su representante, el Sr. Jorge Araya”. Agrega que “Ponce no sólo propuso el aumento de capital, sino que aprobó dichos aumentos de capital de manera personal”.
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