Seis meses se cumplieron desde que la Municipalidad de Vitacura adjudicara mediante licitación pública de concesión el nuevo centro gastronómico y cultural en el Parque del Río Mapocho, al Consorcio Parque Río (ligado a Nicolás Álamo y Jorge Muñoz), por un período de 15 años. Han pasado 182 días desde que la alcaldía publicó el referido acto, el 17 de diciembre de 2025, pero lejos de avanzar en la obra, ésta se mantiene entrampada en una disputa que abrió la empresa que perdió el concurso: Minera y Constructora Río Grande, firma familiar del Biobío fundada por Juan Andrés del Río.
Esta última sociedad impugnó el proceso ante el Tribunal de Contratación Pública, acusando al municipio de “mal criterio” al adjudicar el proceso, y ha logrado mantener la suspensión del mismo.
En primera instancia, el tribunal ad hoc acogió la solicitud de los reclamantes y suspendió el procedimiento administrativo denominado “Concesión Territorial en Sector Parque Metropolitano del Río Mapocho, Costanera Sur-Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer N°6.400, comuna de Vitacura”, por un plazo de 15 días hábiles, mandatando al municipio a abstenerse de ejecutar o celebrar cualquier acto administrativo o contrato, según sea el caso, dirigido a la prosecución del proceso licitatorio.
A juicio de esta sociedad, la suspensión “es la única medida idónea” para preservar sus derechos y “no afecta el interés general de la comunidad”.
La firma ha presentado seis solicitudes de prórroga de suspensión del proceso de concesión, y todas han sido aceptadas por el tribunal. En la última, de principios de junio, la sociedad destacó que el Concejo Municipal de Vitacura, en la Sesión Ordinaria N°1224, acordó aprobar la continuación del plazo de vigencia del contrato suscrito con la Inmobiliaria e Inversiones Santa Mónica, del 3 de febrero de 1995, por la concesión del centro gastronómico, por un plazo máximo de seis meses, contado desde el 5 de febrero de 2026.
“Ello implica que las condiciones económicas pactadas se mantienen hasta por lo menos agosto próximo, y es dable suponer que continuarán si se dispone una nueva prórroga del referido contrato. De esta forma, la medida de suspensión otorgada no genera un daño económico a la municipalidad recurrida ni a la comunidad, quienes pueden seguir disfrutando del entorno y prestaciones de Borderío tal como lo han hecho desde antes de iniciarse esta contienda judicial”, señalaron los abogados del demandante.
“Litigio artificial”
No obstante, desde la alcaldía de Vitacura tienen una mirada completamente distinta. “Lo que realmente daña a los vecinos del sector que este municipio debe atender, es la incertidumbre acerca de la administración de Borde Río”, señalaron los abogados de la corporación al tribunal que lleva el juicio.
Añadieron que, si después de meses del proceso de contratación suspendido –“y ante el improbable hecho que tribunal condene a esta parte y ordene iniciar un proceso licitatorio nuevo, desde cero”, afirmaron- el retraso acumulado será de años, no de meses.
“El hecho de que la municipalidad reciba ingresos por la prórroga de la concesión, (montos que son menores al ofertado por el adjudicatario), no significa que no haya daño al interés patrimonial municipal; existiría un claro lucro cesante que daña las arcas municipales, ya que la nueva concesión implica una inversión en infraestructura que la actual administración (que solo mantiene) no está realizando, con la finalidad de generar mejoras sustantivas que aumenten la calidad de vida de los vecinos del sector y de los usuarios de las instalaciones de Borde Río”, afirmaron los abogados del municipio, quienes agregaron: “Prolongar la suspensión decretada implica sacrificar el interés general de la comunidad de Vitacura y la integridad del patrimonio público en aras de un litigio artificial”.
Los reclamos
Minera y Constructora Río Grande sostiene su reclamo en una presunta omisión de información en una declaración jurada presentada por el ganador del proceso, Consorcio Parque Río.
“La Municipalidad infringió sus propias bases de licitación, al adjudicar dicho certamen a la oferta presentada por la UTP, en circunstancias que de los antecedentes acompañados y que se denunciaron en tiempo y forma por esta parte, correspondía que fuera declarada inadmisible”, señaló en su reclamo.
También cuestionó la evaluación de la experiencia de la empresa y su oferta técnica, particularmente del anteproyecto presentado. “El conjunto fue preparado de manera ordenada, clara y conforme al nivel de precisión esperado para un anteproyecto. Por ello, la calificación inferior al puntaje máximo carece de una explicación técnica verificable en las bases y parece derivar de apreciaciones subjetivas no explicitadas”, afirmó la empresa en su presentación al tribunal.
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J. Troncoso Ostornol
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